La 11 Conferencia Nuestro Océano (OCC) cerró su undécima edición con el anuncio de US$6.400 millones en compromisos destinados a la protección marina, la adaptación climática y el impulso de la economía azul. La cifra, presentada en el informe final del encuentro, se suma a un acumulado que desde 2014 supera los US$169.000 millones en promesas vinculadas a la conservación de los océanos.
Los pasillos y las sesiones paralelas que se llevaron a cabo durante la conferencia, celebrada por primera vez en África, se llenaron de mensajes orientados a construir una narrativa clara: cómo convertir ese volumen de recursos en proyectos concretos que lleguen a los territorios donde los ecosistemas marinos están bajo mayor presión.
Los arrecifes de coral de todo el planeta fueron protagonistas principales de las conversaciones y los testimonios. Sabedor de que más del 84% de los arrecifes del mundo están bajo estrés térmico, «decidí que haría todo lo posible por salvarlos. Este es el año del coral para mí”, dijo, Peter Thomson, enviado especial del Secretario General de las Naciones Unidas para los Océanos. Su intervención puso fin al panel «Protección de los arrecifes de coral resilientes al cambio climático: del compromiso político a la acción rentable», evento en el que se celebró la adición de México y Panamá, entre otros, al compromiso por la protección de arrecifes de coral resilientes al cambio climático.
Para lograr este y otros objetivos, el siguiente desafío a superar, según expresó Valery Hickey, del Banco Mundial, es que los países en vías de desarrollo, como el Caribe y Latinoamérica, desarrollen capacidades para superar la falta de iniciativas preparadas para recibir inversión, el elevado costo del capital y la débil articulación entre gobiernos, bancos de desarrollo y el sector privado, y convertir compromisos financieros en proyectos concretos. En ese contexto, varios participantes coincidieron en que el reto ya no pasa únicamente por aumentar los fondos disponibles, sino por construir mecanismos capaces de canalizarlos de forma más rápida y efectiva hacia la conservación y el desarrollo de economías azules sostenibles.
En el caso del Caribe, por ejemplo, se describió un escenario en el que la alta deuda pública, la debilidad de los mercados de capital locales y la falta de proyectos listos para inversión dificultan la expansión de la llamada economía azul. A ello se suma la dependencia de financiamiento externo, los altos costos del crédito y la escasa coordinación entre actores públicos y privados.
“Hoy todos corremos 100 metros por separado. Necesitamos correr como una carrera de relevos”, dijo Hickey mientras ganó fuerza el planteamiento por crear sistemas coordinados entre donantes, bancos de desarrollo y sector privado.
Reordenar la casa
A pesar de que Centroamérica es una región que tiene acceso a dos océanos, sus políticas públicas continúan sin estar alineadas con sus costas. Guatemala, por ejemplo, aún lucha por declarar su primera área marina protegida en el Pacífico. «No somos países costeros en realidad. No comemos mucho marisco y no somos países que se ven al océano», señala Mónica Navarro, ministra de Ambiente de Costa Rica.
Su país, sin embargo, está intentando revertir esa tendencia. Ya han desarrollado políticas de contabilidad ambiental y la planificación marina ha avanzado más rápidamente que en otros países de la región. Allí, el valor de ecosistemas como manglares, arrecifes y zonas costeras ya forma parte de ejercicios de planificación económica y ambiental.
Sin embargo, incluso en ese contexto, persisten tensiones relacionadas con el ordenamiento territorial, la presión sobre las zonas costeras y la necesidad de integrar a las comunidades locales en la toma de decisiones. «Tenemos que ordenarnos. El ordenamiento territorial y el ordenamiento marítimo son clave. La mayoría de los territorios costeros no tienen un plan regulador y si no hay plan regulador, es tierra de nadie», añadió.
Durante la OCC también se debatió la necesidad de hacer accesibles los datos ambientales a todos los países, sin importar su capacidad económica y de investigación, con el fin de instaurar una gobernanza marina inclusiva y participativa para todos los países del planeta. «Por primera vez, todos los países podrán acceder a los datos sobre los recursos genéticos marinos obtenidos en alta mar», dijo Rebecca Hubbard, directora del Tratado de Alta Mar. «El tratado ofrece la oportunidad de participar en la toma de decisiones e influir en las medidas de protección y uso sostenible. Si existen actividades que representan amenazas, esa información debe compartirse y las personas pueden cuestionarla y examinarla, algo que actualmente no ocurre», añadió.
Aunque los US$6.400 millones anunciados en Mombasa refuerzan la tendencia de crecimiento del financiamiento oceánico global, la conferencia dejó abierta una pregunta que atravesó discursos formales y conversaciones informales: no se trata solo del volumen de recursos comprometidos, sino de la velocidad y la capacidad con que esos fondos logren traducirse en cambios reales en los océanos y en las comunidades que dependen de ellos.
Esta historia se elaboró en el marco del programa de becas de la Conferencia Nuestro Océano 2026, organizado por la Red de Periodismo Ambiental de Internews.
