Casi siete mil familias rurales recibieron recientemente incentivos económicos por conservar, restaurar o gestionar bosques en Guatemala, como parte de los programas forestales que el país impulsa desde hace más de una década.
El Instituto Nacional de Bosques (INAB) informó que, durante el tercer desembolso anual de los programas PINPEP y PROBOSQUE, se distribuyeron Q85 millones entre proyectos forestales ubicados en distintas regiones del país. Los recursos beneficiaron a 5.268 proyectos relacionados con plantaciones forestales, sistemas agroforestales, restauración de paisajes y manejo de bosque natural.
Según los datos oficiales, los incentivos alcanzaron, de manera directa e indirecta, a 6.963 familias y contribuyeron a generar más de dos millones de jornales de trabajo, equivalentes a unos 7.161 empleos rurales. Además, permitieron mantener bajo un manejo sostenible más de 42 mil hectáreas de territorio.
Los programas de incentivos forestales se han convertido en una de las principales herramientas de conservación en Guatemala. A diferencia de los enfoques tradicionales basados únicamente en restricciones, estos mecanismos buscan compensar económicamente a propietarios, comunidades y pequeños productores que conservan o restauran áreas boscosas.
La estrategia cobra relevancia en un país que continúa enfrentando presiones sobre sus recursos forestales debido a la expansión agrícola, los incendios forestales, los asentamientos humanos y otras actividades que transforman el uso del suelo.
De acuerdo con el INAB, los proyectos apoyados por los incentivos han contribuido a evitar la deforestación de más de 37 mil hectáreas de bosque. Aunque el dato refleja el alcance de los programas, especialistas señalan que los incentivos por sí solos no abordan las causas estructurales de la pérdida forestal, especialmente en regiones donde la pobreza, la falta de oportunidades económicas y la débil gobernanza territorial siguen impulsando la conversión de bosques.
PINPEP y PROBOSQUE fueron creados mediante leyes aprobadas en 2010 y 2015, respectivamente. Ambos programas buscan promover la conservación forestal mientras generan ingresos para poblaciones rurales, fortalecen la seguridad alimentaria y aumentan la resiliencia frente a los impactos del cambio climático.
En un contexto marcado por sequías, lluvias extremas y pérdida de biodiversidad, los incentivos forestales representan una de las pocas políticas públicas que conectan la conservación de los ecosistemas con beneficios económicos directos para las comunidades. El desafío, sin embargo, sigue siendo ampliar su cobertura y garantizar que los recursos lleguen a las zonas donde la presión sobre los bosques es mayor.
Disclaimer: Esta nota fue elaborada por inteligencia artificial a partir de información proporcionada por el Instituto Nacional de Bosques (INAB). Viatori verificó y contextualizó los datos para su audiencia.
