En el norte de Guatemala, donde el bosque aún resiste como uno de los últimos grandes bloques tropicales de la región, el Estado decidió apostar por extender un modelo que lleva décadas en prueba: las concesiones forestales comunitarias.
El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) otorgó tres prórrogas de concesiones forestales y firmó dos nuevos contratos en la Zona de Uso Múltiple de la Reserva de la Biosfera Maya, en Petén, ampliando la vigencia de este esquema hasta por 30 años más en algunos casos.
Las prórrogas de 25 años fueron otorgadas a las unidades de manejo que ya operaban en la zona: La Unión, Yaloch y La Gloria. A la par, se sumaron dos nuevas áreas concesionadas, San Bartolo y La Colorada–El Molino, que incorporan unas 71 mil hectáreas adicionales al modelo.
Con estas decisiones, el sistema alcanza 13 concesiones forestales que, en conjunto, abarcan más de 550 mil hectáreas dentro de la Reserva de la Biosfera Maya, el corazón de la selva en Guatemala.
Pero más allá de la ampliación territorial, lo que está en juego es el modelo mismo. Las concesiones forestales surgieron en los años noventa como una forma de conciliar dos tensiones históricas: la conservación del bosque y las necesidades económicas de las comunidades que viven dentro o alrededor de él.
En lugar de excluir a las poblaciones locales, el esquema les otorga derechos de uso sobre áreas específicas del bosque, bajo estrictas normas de manejo sostenible. Eso incluye desde la extracción controlada de madera hasta el aprovechamiento de productos no maderables como xate, chicle o semillas.
Antes de aprobar las prórrogas, el CONAP realizó evaluaciones técnicas, inspecciones de campo y revisiones administrativas para verificar que las unidades de manejo cumplieran con los estándares requeridos.
El argumento detrás de la decisión es que este modelo ha demostrado ser uno de los más efectivos para conservar el bosque en la región. Estudios citados por la institución señalan que la extracción de madera en estas concesiones se realiza con intensidades bajas y bajo técnicas de manejo que permiten la regeneración del bosque.
Además, el impacto no es solo ambiental. Las concesiones forestales generan empleo y actividad económica en una de las regiones con los niveles de pobreza más altos del país. Se estima que el modelo produce más de 150 mil empleos directos e indirectos al año, vinculados al manejo de recursos forestales.
También hay un componente climático: los bosques, bajo este esquema, almacenan alrededor de 207 millones de toneladas de carbono que, de otro modo, podrían liberarse a la atmósfera.
Sin embargo, el modelo no está exento de presiones. La expansión agrícola, la ganadería y las actividades ilegales siguen avanzando en distintas partes de Petén, poniendo a prueba la capacidad de estas concesiones para sostenerse a lo largo del tiempo.
Por ahora, la apuesta del Estado es clara: extender el modelo, reforzarlo y mantener el bosque en pie, no como un espacio intocable, sino como un territorio habitado y gestionado.
