La denuncia presentada por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) por la construcción ilegal de cabañas dentro de la zona protegida del volcán Acatenango refleja una problemática que se ha expandido silenciosamente en varios volcanes de Guatemala: el avance de actividades turísticas, agrícolas y comerciales en territorios sujetos a regímenes especiales de conservación.
Según informó el CONAP, las estructuras fueron construidas sin autorización en un área protegida y forman parte de la creciente presión turística sobre uno de los destinos de montaña más visitados del país. La institución ya había advertido meses atrás sobre construcciones irregulares, ascensos sin control y riesgos para los visitantes en el complejo Acatenango-Fuego.
El caso adquiere relevancia porque los volcanes guatemaltecos cuentan con una figura de protección histórica conocida como “Zona de Veda Definitiva”. Este régimen fue establecido en 1956 para resguardar la cobertura forestal de los conos volcánicos y forma parte de las categorías de conservación que posteriormente fueron incorporadas al Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP) mediante la Ley de Áreas Protegidas, Decreto 4-89.
La normativa original establece protección para las áreas volcánicas, desde el cráter hasta los desniveles del 30%, una disposición que busca evitar la pérdida de cobertura forestal en ecosistemas clave para la recarga hídrica, la conservación de la biodiversidad y la prevención de la erosión.
Sin embargo, Acatenango no es un caso aislado.
Tres casos que muestran la presión sobre los volcanes
En el Volcán de Agua, la presión se concentra principalmente en el avance de la frontera agrícola y en la apertura de caminos no autorizados. La cercanía con municipios como Antigua Guatemala, Ciudad Vieja y Santa María de Jesús ha incrementado la ocupación de áreas que deberían permanecer bajo restauración y conservación forestales. Es en este último municipio donde la presión es mayor. Aquí, la necesidad de tierra de las comunidades locales y la falta de alternativas económicas han impulsado los cultivos a cotas más altas.
En su comunicado, CONAP mencionó que, por mandato, no «tiene la facultad de realizar desalojos de manera directa. Cualquier desalojo debe seguir un proceso legal establecido, el cual incluye la intervención de las autoridades correspondientes y una orden emitida por un juez competente. Las instituciones públicas, incluido el CONAP, deben actuar dentro del marco de la ley y no pueden ejecutar acciones para las que no están legalmente facultadas».
Cuando se ha intentado detener la expansión de estas parcelas, sale a relucir el mayor problema social guatemalteco: la pobreza. En Santa María de Jesús, las familias aseguran que han cultivado allí durante generaciones. En el Geoportal del Ministerio de Agricultura y Ganadería se puede ver la cantidad de cultivos presentes en las ZVD del Volcán de Agua y su expansión hacia terrenos más altos.
En el Parque Nacional Volcán de Pacaya, el desafío es otro. Al igual que el volcán Acatenango, el Pacaya es uno de los destinos favoritos del turismo nacional e internacional. El sitio recibe miles de visitantes cada año, lo que favorece el surgimiento de actividades informales como guías no acreditados, operadores turísticos que no cumplen con los protocolos de seguridad y estructuras temporales o semifijas para la venta de alimentos y servicios que operan sin licencias ambientales o sanitarias.
El caso de Acatenango también revela una tensión cada vez más evidente entre la promoción turística de los volcanes y la capacidad real del Estado para regular las actividades que se desarrollan en ellos. Mientras instituciones como el Instituto Guatemalteco de Turismo (INGUAT) y el propio CONAP han impulsado durante años los volcanes como destinos emblemáticos de aventura, las denuncias por construcciones ilegales, ascensos no autorizados y la saturación de visitantes muestran que la infraestructura de control y vigilancia no ha crecido al mismo ritmo que la demanda turística.
Un reto nacional
La situación plantea una pregunta más amplia sobre la gobernanza de las áreas protegidas en Guatemala. Aunque el país mantiene desde 1956 la figura de ZVD para proteger los conos volcánicos y actualmente cuenta con 30 áreas bajo esta categoría en el SIGAP. Estas áreas cumplen funciones esenciales para la conservación de las fuentes de agua, la captura de carbono y la protección de la biodiversidad única de la región. Casos recientes en Acatenango evidencian que el éxito turístico puede convertirse en un factor de degradación ambiental cuando no existe ordenamiento territorial, monitoreo constante ni mecanismos efectivos para sancionar las ocupaciones ilegales en áreas protegidas.
Los incendios forestales, las construcciones ilegales, la expansión agrícola y el turismo sin control muestran que la presión sobre los volcanes protegidos de Guatemala ha superado, desde hace años, la capacidad de respuesta de las autoridades ambientales. La denuncia presentada por el CONAP en 2024, tras el incendio que consumió decenas de hectáreas en la ZVD del Volcán de Agua, es apenas uno de varios episodios recientes que evidencian un deterioro constante de estos ecosistemas. A ello se suma la limitada acción de algunas municipalidades y la falta de corresponsabilidad de los sectores locales que, en muchos casos, toleran o participan en actividades que transforman el territorio. El turismo también ha contribuido al problema.
En volcanes como Acatenango y el complejo Santa María-Santiaguito, donde miles de visitantes llegan cada año atraídos por la actividad eruptiva y los paisajes de montaña, las autoridades han enfrentado dificultades para regular los accesos, controlar a los operadores informales y hacer cumplir las medidas de seguridad y conservación, mientras la demanda turística continúa creciendo.
Sin embargo, existen experiencias que muestran que otro modelo es posible. En la montaña de Siete Orejas, en Quetzaltenango, las comunidades mayas de Concepción Chiquirichapa comenzaron hace más de cuatro décadas un proceso de restauración forestal basado en conocimientos ancestrales, vigilancia comunitaria y gestión municipal. Ese esfuerzo permitió recuperar bosques, fortalecer el abastecimiento de agua y consolidar mecanismos locales de conservación que aún funcionan.
La experiencia, junto con la creación de parques ecológicos municipales y áreas protegidas comunitarias impulsadas en distintos municipios de San Marcos, demuestra que la protección de los volcanes no depende únicamente de operativos de fiscalización o de denuncias penales, sino también de modelos de gobernanza en los que las comunidades, las autoridades locales y las organizaciones comparten la responsabilidad sobre el territorio. Frente al deterioro creciente de varios volcanes del país, estos casos ofrecen una referencia concreta de que la conservación puede sostenerse cuando existe participación local, reglas claras y una visión a largo plazo del valor ecológico y cultural de las montañas.
