Durante las últimas décadas, la fauna silvestre de Guatemala ha enfrentado amenazas cada vez más complejas. A la cacería y al tráfico ilegal de especies se han sumado la pérdida de bosques, los incendios forestales, la expansión de la frontera agrícola, el crecimiento urbano y los efectos del cambio climático, factores que han reducido y fragmentado hábitats esenciales para cientos de especies.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Áreas Protegidas, solo durante la temporada de incendios 2023-2024 el fuego afectó más de 241 mil hectáreas dentro del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP). En paralelo, autoridades ambientales continúan alertando sobre el impacto que tiene el tráfico ilegal de fauna sobre poblaciones de aves, mamíferos y reptiles en distintas regiones del país.
En este contexto, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) considera necesario revisar algunas de las herramientas legales que regulan el aprovechamiento de la fauna silvestre. Entre ellas se encuentra el Decreto 36-2004, la Ley General de Caza, una normativa que, desde hace más de dos décadas, establece las condiciones bajo las cuales determinadas especies pueden ser aprovechadas de forma regulada.
La discusión surge en un momento en el que las autoridades reconocen que la presión sobre los ecosistemas ya no puede analizarse únicamente desde la cacería. La disminución de bosques, la degradación de hábitats y el cambio climático han alterado las condiciones en las que sobreviven muchas especies, obligando a replantear las estrategias de conservación y manejo de la vida silvestre.
«Sabemos que muchas actividades probablemente se han venido haciendo de generación en generación, pero ha llegado el momento en que como sociedad debemos reflexionar sobre esas actividades que desarrollamos», señalaron representantes del CONAP durante la presentación de una nueva campaña nacional de sensibilización.
Para las autoridades ambientales, la conservación de la fauna no implica únicamente proteger especies individuales. Muchos animales cumplen funciones esenciales dentro de los ecosistemas, desde la dispersión de semillas hasta el control de poblaciones y la regeneración natural de los bosques. Su desaparición puede alterar procesos ecológicos fundamentales y reducir la capacidad de los ecosistemas para enfrentar otras amenazas ambientales.
En ese escenario, el CONAP lanzó la campaña «¡Déjame vivir, no me mates!», una iniciativa que busca reducir la presión sobre la fauna silvestre mediante procesos de educación ambiental y sensibilización pública. El objetivo, según la institución, es promover una reflexión más amplia sobre la relación entre las personas y la biodiversidad, así como fortalecer el rechazo social hacia la cacería ilegal y el tráfico de especies.
