El reconocimiento llega después de cuatro décadas de movilización. En Centroamérica, la fecha encuentra a las lideresas indígenas frente a la violencia territorial, la precariedad laboral y un acceso aún limitado al financiamiento.
Este 5 de septiembre, Naciones Unidas conmemora oficialmente por primera vez el Día Internacional de las Mujeres y las Niñas Indígenas del Mundo. El reconocimiento fue establecido por la Asamblea General el 26 de noviembre de 2025, mediante la resolución A/RES/80/10, y convierte en compromiso internacional una fecha sostenida durante décadas por organizaciones indígenas.
La conmemoración, sin embargo, no nació en las Naciones Unidas. Una de sus primeras referencias documentadas se remonta a 1983, durante un encuentro de organizaciones y movimientos indígenas en Tiahuanaco, Bolivia. El 5 de septiembre se recuerda a Bartolina Sisa, lideresa aymara que participó en la resistencia contra el dominio colonial y fue ejecutada ese mismo día de 1782. Como señala el Foro Internacional de Mujeres Indígenas (FIMI), la resolución no fijó fecha: reconoció una memoria política construida desde los territorios.
Para esta primera conmemoración, FIMI plantea tres prioridades: que el financiamiento llegue directamente a organizaciones lideradas por mujeres indígenas; que los Estados implementen la Recomendación General 39 de la CEDAW; y que su participación en las decisiones sobre conservación, desarrollo y gobernanza sea efectiva y tenga capacidad de incidir. El 9 de septiembre, la organización y ONU Mujeres prevén reunir en Nueva York a lideresas de distintas regiones, así como a representantes estatales y de organizaciones civiles, para discutir esta agenda.
Defender el territorio en una región peligrosa
En Centroamérica, hablar de participación también implica hablar de seguridad. Las mujeres indígenas suelen asumir funciones centrales en la defensa del agua, los bosques y las tierras comunitarias, pero desempeñan esa labor en una de las regiones más peligrosas para quienes protegen el medio ambiente.
Global Witness documentó 20 asesinatos de personas defensoras de la tierra y el ambiente en Guatemala en 2024, frente a los cuatro registrados el año anterior. En Honduras se registraron cinco asesinatos y una desaparición. En el mundo, cerca de un tercio de las víctimas identificadas como asesinadas o desaparecidas ese año eran de pueblos indígenas.
Estas cifras no permiten distinguir simultáneamente el sexo, la pertenencia indígena y el tipo de defensa en todos los casos, pero muestran el contexto en el que trabajan muchas lideresas. Esa falta de información desagregada también es parte del problema: la Recomendación General 39 pide a los Estados que produzcan datos junto con las comunidades y garanticen la protección frente a la violencia asociada a las actividades extractivas, los desplazamientos y las disputas por el territorio.
De la visibilidad a las oportunidades
Las barreras persisten después de la escuela y afectan el empleo, el acceso al crédito y la participación pública. Según la Organización Internacional del Trabajo, el 82,6 % de las personas indígenas ocupadas en América Latina y el Caribe trabaja en la informalidad, 31,5 puntos porcentuales por encima de la población no indígena. La precariedad reduce el acceso a ingresos estables, a la seguridad social y a las posibilidades de financiar iniciativas propias.
El problema se reproduce en la cooperación. Un análisis global de FIMI e International Funders for Indigenous Peoples encontró que, entre 2016 y 2020, solo el 1,4 % de los 28.500 millones de dólares otorgados para apoyar a mujeres y niñas benefició a mujeres indígenas. De los 392 millones identificados, apenas 62,8 millones llegaron a organizaciones de pueblos indígenas; la mayoría fue canalizada por intermediarios no indígenas.
Frente a esa brecha, FIMI impulsa mecanismos propios, como el Fondo AYNI y programas de formación para lideresas. Su Premio al Liderazgo de Mujeres Indígenas reconocerá este año cuatro iniciativas de Fiji, India, Kenia y Ecuador que utilizan el deporte y los juegos ancestrales para ampliar las oportunidades educativas, cuidar el bienestar y fortalecer la organización comunitaria. Cada una recibirá 15.000 dólares para continuar su trabajo.
El nuevo día internacional puede ampliar la visibilidad, pero no sustituye las políticas públicas, la protección ni los recursos. “El reconocimiento de Naciones Unidas importa porque puede ayudar a cambiar esa realidad, pero su verdadero valor estará en lo que ocurra después”, afirmó Teresa Zapeta, directora ejecutiva de FIMI. En Centroamérica, eso después se medirá en condiciones concretas: estudiar sin abandonar el territorio, defenderlo sin poner en riesgo la vida y participar en las decisiones con recursos y poder reales.
