Durante décadas, Guatemala era consciente del daño ambiental que el río Motagua causaba a lo largo de su cuenca. No era que el país no hiciera nada para reducir su impacto, sino que no era consciente del alcance que tenía.
Pero en 2021, todo eso cambió. Las soluciones implementadas por el gobierno guatemalteco —como la captura de 1.500 toneladas de residuos sólidos— demostraron ser insuficientes luego de que el municipio de Omoa, en Honduras, denunciara una crisis ambiental en sus playas debido a la llegada de otras 600 toneladas de residuos provenientes de Guatemala.
Además de su falta de acción para controlar la contaminación de ríos y otras fuentes de agua, la situación del río Motagua evidenció la escasa atención que Guatemala presta a la gestión de sus océanos. «Cuando se habla del tema del mar, [en Guatemala] se piensa solamente desde la costa para afuera. No se piensa, sin embargo, en el impacto que la contaminación está teniendo sobre la calidad del mar», dice Gerardo Paiz, subsecretario del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP).
La falta de datos precisos y la escasa inversión en investigación contribuyeron a asentar esa narrativa en la que el país veía sus mares como simples espejos de agua periféricos. Ahora, según Paiz, diferentes dependencias estatales, como el MARN, el MINDEF, el INAB y el CONAP, se sentaron a la misma mesa para elaborar la Agenda Marino-Costera de Guatemala.
Fortalecer la gobernanza
Paiz reconoce que esta medida representa «los primeros pasos» que el país da hacia la creación de políticas públicas orientadas a la gestión de sus mares. Pero no son los únicos. Guatemala está suscrita a varios convenios internacionales como el Acuerdo de Cartagena; una suscripción que obliga al país a alinear sus políticas nacionales con los estándares de protección exigidos en la región del Gran Caribe.
Y esto es importante, según José Moreira, de WCS Mesoamérica, debido a que permitirá al país salir de su «rezago histórico» en la gestión oceánica. «Eso es una oportunidad de país para poder cumplir adicionalmente con las metas del Convenio Mundial sobre la Diversidad Biológica», dice. WCS centra su estrategia en la adaptación basada en ecosistemas y respalda proyectos que integran la resiliencia de los paisajes naturales —desde las cuencas forestales hasta las costas— como el eje indispensable para blindar la biodiversidad y la seguridad alimentaria, ecológica y financiera de las comunidades.
La organización internacional, como la UICN, el programa de pequeñas donaciones del PNUD y otras más, ha implementado una serie de iniciativas en las que el eje central ha sido la participación comunitaria. «La participación de las comunidades es vital; no se puede hablar de conservación si no se tiene en cuenta a quienes habitan y subsisten del territorio. Ellos son los que realmente cuidan el territorio día a día, porque es su fuente de vida; cualquier política que intentemos implementar desde el Estado sin su involucramiento será ineficiente», añade Moreira.
Esos esfuerzos por fortalecer la gobernanza son visibles en el Caribe guatemalteco, donde el proceso de integración de los diferentes sectores permitió implementar períodos de veda para la manjúa, una pesquería esencial tanto para la subsistencia de las comunidades costeras como para la seguridad alimentaria en el altiplano guatemalteco. También se puede incluir el Programa de Conservación de la Tortuga Marina, que regula el consumo de huevos de tortuga parlama (Lepidochelys olivacea) por parte de comunitarios en la costa del Pacífico del país.
Guatemala forma parte del Sistema Arrecifal Mesoamericano (SAM), que comparte con México, Belice y Honduras. En 2020, a través del Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAGA), el gobierno guatemalteco declaró la implementación de una veda espacial por un período de 10 años, «para la pesca de todos los recursos hidrobiológicos que se encuentran dentro del polígono que conforma el sistema de arrecifes Corona Caimán, en el Caribe de Guatemala».
Ana Giró, de Healthy Reefs, es una bióloga guatemalteca que formó parte del descubrimiento de este banco de arrecifes con una extensión aproximada de 90 kilómetros cuadrados. Según estudios, su importancia radica en ser el arrecife con la mayor cobertura de coral vivo del SAM.
Protección sin fronteras
La gestión del SAM es un esfuerzo compartido por los cuatro países que integran el sistema. «Al proteger sitios estratégicos como Corona Caimán, estamos asegurando la integridad de un sistema que depende de la colaboración transnacional para sobrevivir», comenta Giró.
Además de la creación de su agenda marino-costera, Guatemala también deberá apoyarse en los marcos de cooperación que ya existen en la región. Susana Perera, de la Secretaría del Convenio de Cartagena del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA), considera que uno de los siguientes pasos sería avanzar en la ratificación de protocolos como el de Áreas y Especies Especialmente Protegidas (SPAW) y el de contaminación proveniente de fuentes terrestres, instrumentos que podrían fortalecer el trabajo que el país ya realiza en materia de conservación marina y costera. Según Perera, estos acuerdos facilitan «la cooperación entre los países del Gran Caribe» y abren oportunidades para acceder a asistencia técnica y participar en iniciativas regionales relacionadas con áreas marinas protegidas y especies amenazadas.
A nivel global, otro de los procesos que comienza a tomar forma es el Tratado sobre Biodiversidad Marina en Áreas Fuera de la Jurisdicción Nacional (BBNJ), conocido como el Tratado de Alta Mar. Para Mariamila Rodríguez, especialista en gobernanza oceánica y miembro del equipo que sigue las negociaciones del acuerdo, uno de los elementos más novedosos es que el acuerdo reconoce explícitamente la participación de actores no estatales en los procesos de consulta y de toma de decisiones. A diferencia de otros instrumentos internacionales, explica, el tratado establece con mayor claridad quiénes deben ser consultados y cómo pueden involucrarse las comunidades, las organizaciones y otros sectores interesados en la gestión y conservación de los océanos.
Rodríguez considera que este enfoque responde a una realidad que suele repetirse en los proyectos de conservación. «Puede haber fondos y apoyo técnico, pero si las comunidades no están convencidas de que estas iniciativas les benefician, muchas veces los esfuerzos quedan a medias», señala.
Para países como Guatemala, donde la discusión sobre el futuro de los ecosistemas marinos apenas comienza a ganar espacio en la agenda pública, estos mecanismos internacionales representan herramientas adicionales para fortalecer la gobernanza.
Como señala Rodríguez, uno de los aportes del tratado BBNJ es intentar «nivelar el terreno de juego» para que los países en desarrollo tengan un mayor acceso a la información, a la cooperación y a oportunidades de participación en la gestión de la biodiversidad marina.
