CONAP alerta que la ley portuaria puede debilitar la protección de áreas naturales
El Parque Nacional Laguna del Tigre, en San Andrés, Petén, resguarda un mosaico de bosques, humedales y sabanas que se inundan durante la temporada lluviosa. Foto: CONAP.

CONAP alerta que la ley portuaria puede debilitar la protección de áreas naturales

El Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) cuestiona reformas que permiten compatibilizar áreas protegidas con proyectos declarados de utilidad pública o de interés nacional. La advertencia se suma a críticas publicadas desde octubre sobre el alcance ambiental y cultural del Decreto 20-2026.

Mediante un comunicado oficial, el CONAP manifestó su preocupación por las reformas a la Ley de Áreas Protegidas incluidas en el Decreto 20-2026 de la Ley General del Sistema Portuario Nacional. En un comunicado publicado el 17 de noviembre, advirtió que los cambios podrían debilitar sus competencias y afectar la integridad del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas (SIGAP).

El Consejo cuestiona que los artículos 131, 132 y 133 de la ley modifiquen el marco en el que se administran las áreas protegidas. Según el comunicado, las nuevas disposiciones podrían obligarlo a adaptar los objetivos de conservación y los planes maestros para permitir proyectos de infraestructura, actividades comerciales u obras declaradas de utilidad pública o de interés nacional.

La preocupación se refiere a un cambio que ya había sido objeto de críticas tras la aprobación del decreto. En un ensayo publicado por Plaza Pública, la arqueóloga María Belén Méndez Bauer señaló que la ley portuaria también reformó las normas sobre patrimonio cultural y áreas protegidas. El Observatorio del Territorio y el Clima de la Universidad Rafael Landívar publicó, además, un análisis jurídico-ambiental que cuestiona el efecto de dichas reformas en la protección del patrimonio natural y cultural.

La revisión de los planes maestros

Una de las disposiciones clave se encuentra en el artículo 157. El decreto otorga al CONAP 36 meses para revisar y, cuando corresponda, actualizar los planes maestros de áreas protegidas costeras y marinas que puedan destinar zonas especiales a infraestructura portuaria, muelles y líneas de navegación. La revisión debe considerar criterios técnicos, ambientales y socioeconómicos, e incluir la participación pública y la consulta a las comunidades locales.

El comunicado del CONAP también advierte que el alcance de la ley podría ir más allá del ámbito portuario. Menciona proyectos como ferrocarriles, autopistas, aeropuertos y gasoductos, así como los posibles efectos en playas, ríos, lagos, humedales y ecosistemas marino-costeros. La institución sostiene que la aplicación de dichas disposiciones podría limitar su capacidad para regular el uso sostenible del SIGAP.

La norma incluye requisitos de evaluación ambiental estratégica y de prevención, mitigación o restauración. En su análisis del decreto, Consortium Legal destaca esos mecanismos y señala que una declaratoria de interés público no sustituye los permisos ni las evaluaciones ambientales aplicables. Esa lectura contrasta con las advertencias del CONAP y de los análisis críticos, que ponen el foco en cómo las nuevas reglas pueden presionar a las instituciones responsables de proteger las áreas naturales y el patrimonio.

El Decreto 20-2026 fue aprobado por el Congreso el 5 de agosto, publicado el 2 de septiembre y entró en vigor el 2 de octubre, según el registro legislativo. El CONAP aclaró que no se opone al desarrollo de infraestructura portuaria, siempre que se realice de manera sostenible y compatible con el resguardo del patrimonio natural y cultural. Su pronunciamiento plantea ahora una pregunta sobre la aplicación de la ley: cómo se resolverán los conflictos entre los proyectos de infraestructura y los objetivos de conservación de las áreas protegidas.


Fuente: Comunicado del Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), 17 de noviembre de 2026.

Aviso de transparencia: Esta nota fue generada con apoyo de herramientas de inteligencia artificial y posteriormente revisada, editada y supervisada por periodistas humanos de Viatori.