En el Caribe centroamericano, Guatemala y Honduras anunciaron la creación del Corredor Biológico Cuyamel-Omoa Punta de Manabique, esfuerzo que ayudará a proteger los ecosistemas terrestres y marino-costeros de la zona.
La franja marino-costera de Cuyamel-Omoa Punta de Manabique, una zona de 55 mil hectáreas de extensión y que cuenta con con presencia de arrecifes de coral, pastos marinos, manglares y bosque subtropical, fue declarada como un corredor biológico binacional, y marca un hito en el esfuerzo que Guatemala y Honduras realizan por proteger sus ecosistemas naturales, así como a las personas y la vida silvestre que dependen de ellos.
«Es un sueño dorado, hacer una conectividad entre la Bahía de Amatique y el sitio Ramsar Cuyamel-Omoa y la montaña protegida de Omoa», dijo el Viceministro de Ambiente de Honduras Carlos Fasquelle. «Es la estrategia más inteligente, porque estamos tomando en cuenta a las comunidades para preservar nuestros ecosistemas», añadió.
Según un comunicado de prensa emitido por el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP) de Guatemala, entidad firmante del convenio de creación del corredor, el objetivo de la creación de este espacio compartido, «es institucionalizar el Corredor Biológico Sostenible en ambos países, para consolidar y asegurar la conservación. Además, permitirá la subsistencia de especies como el jaguar, loro cabeza amarilla, manatí y el ecosistema del mangle».
De acuerdo a Alejandra Reyes, Jefe del Departamento de Áreas Protegidas del Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal (ICF) de Honduras, la importancia de este corredor radica en asegurar la conectividad biológica, lo que se traducirá en beneficios para la vida silvestre de la zona. «Aunque nosotros tengamos fronteras, nuestras especies y ecosistemas no lo tienen», dijo.
La idea de la creación del corredor se remonta a 2018. Con la presencia de una amplia cantidad de representantes de un mismo número de instituciones y organizaciones nacionales e internacionales, gubernamentales y no gubernamentales, Guatemala y Honduras presentaron el Plan Estratégico del Corredor Biológico Sostenible Cuyamel Omoa Punta de Manabique, que contemplaba 20 líneas estratégicas y 81 acciones para ejecutar en un plazo de 5 años, entre las que se incluyen mecanismos de gobernanza y medidas para amenazas como la deforestación, sobrepesca, tráfico ilegal de especies y contaminación. También incluye medidas de adaptación y mitigación a la variabilidad climática.
Para llegar a ese punto, se requirió primero de varios ensayos, todos en el marco del Corredor Biológico Mesoamericano (CBM), «una agenda política, determinada por la visión de bien común de los diferentes países que conforman la iniciativa (los siete países de Centroamérica más México que se sumó posteriormente)». Este corredor regional, se creó con la idea de ordenar territorialmente «áreas naturales protegidas de diferentes categorías de manejo más sus interconexiones, organizado y consolidado para brindar un conjunto de bienes y servicios ambientales, tanto a la sociedad centroamericana como mundial, proporcionando los espacios de concertación social para promover la inversión en la conservación y el uso sostenido de los recursos que posee».
Desde su presentación, en 2004, cada país ha tenido que crear e implementar políticas forestales y programas nacionales de desarrollo forestal, con el objetivo de generar incentivos económicos para las poblaciones locales, a partir del cuidado de los recursos forestales. El CBM también contempla, para 2025, «orientar los suelos de la región a su verdadero uso, de manera que podamos contar con un 45% a 60% de cobertura forestal en toda la región».
El CBM, como propuesta regional, ha logrado que los países de la región integren varios procesos beneficiosos para la protección de los recursos naturales. Sin embargo, eso no ha sido suficiente para contener la degradación ambiental en la región. Con la excepción de Costa Rica, todos los países centroamericanos han visto cómo su cobertura forestal ha ido disminuyendo con el paso de los años.
Desde el año 2000, la cobertura forestal centroamericana pasó de 46% a 41% en 2015. En cada país, esta realidad se manifiesta de manera diferente: Nicaragua, pasó de 32% a 26%; Panamá de 66% a 62%, El Salvador de 16% a 13% y Guatemala del 39% al 33%. Costa Rica por su parte ha logrado elevar su capa boscosa, ya que pasó de un 47% en el año 2000 a un 54% para 2015.
La degradación ambiental en Centroamérica tiene sus raíces en dos temas principales: el aumento de la frontera agrícola y la expansión de las zonas urbanas. «El manejo forestal sigue teniendo cortapisas. Las zonas de interconexión que han sido definidas entre las diferentes áreas protegidas, país por país o entre países en la región, son regiones donde predomina el agropaisaje y cada vez más, por zonas urbanas y periurbanas, caracterizadas por la disminución casi total de cobertura arbórea», decía el documento de presentación del CBM, redactado en 2003.
De hecho, Centroamérica, y su corredor seco que abarca más del 64% de los municipios del istmo, es la zona en donde la reducción de bosques ha supuesto elevar su vulnerabilidad contra los efectos del cambio climático,, «incluyendo impactos como el aumento gradual de la temperatura, los cambios de patrones de precipitación y aumento de la variabilidad climática”.
Además de estos factores, otra razón por la que el tema ambiental no es prioritario en la mayoría de los países de Centroamérica, a excepción de Costa Rica, es la falta de interés de parte de los Estados, en términos de asignación de presupuestos adecuados a las necesidades de cada país. «Lamentablemente no hemos tenido los impactos que hemos deseado, por la limitante del presupuesto que se tiene asignado al ministerio de ambiente desde el año 2018. Tan solo tenemos Q127 millones ($16,5 millones) asignados», dijo Fredy Chiroy, Viceministro de Ambiente del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) de Guatemala. En El Salvador, el presupuesto del MARN se redujo de $14,2 millones en 2020, a $13 millones en 2021.
Para los países, la solución ha sido la de apoyarse en la inversión por parte de la cooperación internacional. Sin embargo, bajo ese modelo se corren varios riesgos: trabajar solamente en las áreas de interés de los donantes, y que la inversión deje de fluir. «no es sostenible ni recomendable, y no es la manera en la que la sociedad debería de responsabilizarse por la gestión de sus recursos naturales», mencionó Juan Carlos Villagrán, coordinador de un proyecto binacional relacionado con la cuenca del río Motagua.
Para los expertos como Villagrán, la alternativa es que sean los propios gobiernos, centrales y municipales, quienes comprendan que el cuidado y correcto manejo ambiental «tiene un costo», y que las sociedades deben de asumir dichos costos a través de los presupuestos nacionales. «Implica un compromiso de todos los sectores y de todos los niveles», recalcó.
Aunque las razones del descuido ambiental en países como Guatemala y Honduras, creadores de este corredor biológico, son evidentes, acciones como el mismo corredor son una muestra de que sí se están dando pequeños pasos hacia la sostenibilidad y soluciones basadas en la naturaleza.
«La creación del corredor es una plataforma para mejorar la gobernanza en este territorio, para olvidarnos de las fronteras y trabajar como países», expresó Reyes, quien además también mencionó que el anhelo es el de replicar este proceso a otras zonas fronterizas como el corredor del jaguar o la zona del trifinio.
Por lo pronto, ya hay colaboraciones conjuntas entre los Ministerios de Ambiente de ambos países, CONAP y el ICF. Se han identificado algunas especies emblemáticas que habitan la zona, que permitirán generar consciencia en la población en general: el loro de nuca amarilla (Amazona auropalliata), el jaguar (Panthera onca) y el manatí del Caribe (Trichechus manatus), entre los más relevantes.
La protección de estas zonas, sitios de una enorme biodiversidad, inmersos entre bosques inundables, que incluyen sitios RAMSAR, en donde viven 21 comunidades conformadas por 1345 familias (mas de 6,700 personas), permitirá asegurar los medios de vida (pesca, agricultura, agroindustria, producción de carbón, turismo y ganadería) de sus habitantes.