La Mina Cerro Blanco ¿otro conflicto ambiental internacional para Guatemala?
A casi cuatro meses y medio de haberse realizado la consulta municipal en Asunción Mita, municipio de Jutiapa fronterizo con El Salvador, y después de que una organización local pro minera impugnara el resultado; defensores y defensoras del territorio en ambos países se unieron para que el NO a la minería se respete.
La problemática ambiental de Guatemala se extiende fuera de sus fronteras en dos arbitrarios casos de contaminación: el primero, es la basura y demás desechos tóxicos que desembocan en las costas de Omoa, en el Caribe de Honduras. El otro, un proyecto extractivo de minería a cielo abierto, que amenaza con causar daños irreversibles al acceso al agua de San Salvador, la capital y el corazón urbano más grande y desarrollado económico, político, social y demográficamente, de Centroamérica después de la ciudad de Guatemala.
La licencia minera Cerro Blanco, es una actividad económica que fue aprobada en el año 2007 como explotación subterránea que sin éxito durante catorce años, en 2021 anuncia que será reactivada como minería a cielo abierto.
En 2012 según documentó el Centro de Medios Independientes -CMI-, el Ministerio de Energía y Minas “reportó la obra como temporalmente suspendida, pues supuestamente la empresa prefirió esperar a que el mercado internacional mejorara”.
En diciembre del año 2021, el proyecto minero se anuncia con una nueva imagen: Elevar Resources, subsidiaria canadiense de Bluestone Resources
“En 2021 se completó un estudio técnico y de ingeniería integral que describe la nueva estrategia de desarrollo, la cual cambia estructuralmente pasando de un modelo subterráneo a uno de minería de superficie”.
Como en otros proyectos mineros en el país —la mina Marlin Goldcorp en San Marcos y la procesadora de níquel Pronico en Izabal— Elevar, se vende como una de las mayores oportunidades de empleo en la localidad y de alto valor compartido para Guatemala. La población de Asunción Mita, por su parte, señala que en 15 años no han encontrado evidencias del desarrollo que ofrece este tipo de negocio, y se han decidido a defender Cerro Blanco.
El 18 de septiembre, con el consenso de la municipalidad local, se realizó una consulta municipal, con la participación de 8,503 personas empadronadas y dio como resultado un 88 por ciento de votaciones por el NO a la minería. Ni del proyecto Cerro Blanco ni para la implementación de otro proyecto de este tipo en el municipio.
El 18 de septiembre de 2022, la población de Asunción Mita realizó un referendum para determinar su voluntad relacionada con la minería en Cerro Blanco. Foto: Andina Ayala/Viatori
El Estado contra la voluntad popular
El rechazo unánime en contra de las actividades mineras se encontraron con un detractor inesperado: el Estado de Guatemala a través del Ministerio de Energía y Minas (MEM). El 19 de septiembre, citando el artículo 2 de la ley de minería, el MEM no titubeó en invalidar el resultado de la consulta popular realizada en Asunción Mita.
#GuateCrece | Comunicado de prensa ante la consulta municipal de vecinos referente a la instalación y operación de proyectos de minería metálica en el municipio de Asunción Mita, Jutiapa, llevada a cabo el pasado 18 de septiembre de 2022: pic.twitter.com/oU6yd419Eb
— Ministerio de Energía y Minas de Guatemala (@MEMguatemala) September 20, 2022
Menos sorpresiva fue la reacción de la empresa. Al amparo interpuesto ante un juez de Jutiapa, en el que calificaron la consulta de “ilegal”, se sumó otro recurso presentado por un supuesto vecino de la localidad. El juzgado de Jutiapa aceptó la queja de Elevar Resources, pero la población también apeló.
Julio Gonzales del colectivo Madre Selva, explicó que esos dos amparos son inconsistentes ya que se interpusieron extemporáneamente. Un mes después la comisión pro consulta municipal de Asunción Mita ofreció una conferencia el 15 de octubre de 2022, cuando evacuaron sus argumentos ante la Corte de Constitucionalidad, en la ciudad de Guatemala. “Es contradictorio que quieran callar la voz de las personas, el código municipal no viola ningún derecho constitucional”, resaltó Gonzales.
El abogado que acompaña a la población de Asunción Mita y a la asociación pro consulta, Rolando Galeano dice que Elevar Resources “promovió una acción de inconstitucionalidad contradictoria a los mecanismos de defensa de la propia Constitución de Guatemala”.
Defensores del territorio de Asunción Mita califican como “penoso”, el hecho de que el presidente Alejandro Giammattei Falla se haya adherido como tercer interesado al amparo de inconstitucionalidad que la empresa ingresó en la Corte de Constitucionalidad.
De acuerdo al resultado del referendum realizado en Asunción Mita, más del 70% de la población rechaza la mineria en su localidad. Foto: Andina Ayala/Viatori
Comunidades de El Salvador se pronuncian en contra del gobierno de Guatemala
El 25 de noviembre una comisión de congresistas y líderes defensores del territorio de El Salvador y Honduras arribaron a Guatemala en una acción de seguimiento y supervisión a las denuncias de contaminación de las cuencas hídricas transfronterizas.
Con dicho encuentro, la población de Asunción Mita y comunidades de las cuencas Ostúa-Güija en El Salvador externaron su preocupación ante el irrespeto del resultado de la consulta y ante la negativa de las autoridades del MEM y la Procuraduría General de la Nación de Guatemala a la citación que les hizo el diputado Aldo Dávila para rendir cuentas.
Cinco días después, el 30 de noviembre la C.C. notificó que el amparo en contra de la consulta, interpuesto por la empresa en Jutiapa no procede, con ello se le ordena al juez que revoque el amparo provisional que había concedido, noticia recibida como un gesto alentador y motivo de celebración para las y los defensores de Asunción Mita.
El Gobierno de Guatemala y la empresa Entre Mares aseguran que el apoyo comunitario hacia la minería en Cerro Blanco es abrumador, a pesar del resultado del referendum del pasado septiembre. Foto: Andina Ayala/Viatori
Mina Cerro Blanco, un conflicto internacional anunciado
Al igual que el conflicto que Guatemala y Honduras viven debido a la falta de acción por la contaminación del río Motagua, el caso de Cerro Blanco ha puesto en alerta a la población salvadoreña. Según un informe publicado por la USAC, CESEM y ISIS del año 2013, la mina en Cerro Blanco en el lago Güija, ya había impactado el agua ocho puntos arriba en los niveles de hierro y los parámetros fisicoquímicos, también estaban por encima de los que debería tener para consumirse.
La cuenca de Güija es un bien natural binacional que se conecta con el río Lempa, el cual suministra el 70% de agua potable del área metropolitana de San Salvador. Aunque la mina ya tuvo su oportunidad y fracasó, transformarla a una mina a cielo abierto es una amenaza latente para la población, en la frontera y posteriormente para los vecinos en la capital de El Salvador, un país en estrés hídrico, con serio riesgo de sequías a nivel nacional.
La población de Asunción Mita y comunidades afectadas por la mina Cerro Blanco, esperaban que a finales de diciembre la Corte de Constitucionalidad en Guatemala emita una sentencia, y en el mejor de los escenarios que esta alta corte revoque el amparo de inconstitucionalidad.
Aunque el proceso para dilucidar el amparo interpuesto por la empresa se reanudará en el año 2023, “la Corte de Constitucionalidad le corrigió la plana al juez y revocó el amparo que le había otorgado al vecino, creemos que este es un buen indicador”. concluyó Julio Gonzalez.