Una avalancha de desperdicios viola las fronteras centroamericanas y amenaza con desatar un conflicto diplomático
Por: Jorge Rodríguez, Richard Carbajal y Misael Colindres
La escena es cinematográfica: Un niño pequeño recoge figurillas de plástico en la playa para dárselos a su mamá quien las coloca en el tradicional nacimiento navideño. Qué más da que los animalitos de juguete estén mutilados o descoloridos, para los ojos infantiles de Eduardo —hoy con 22 años, convertido en fotógrafo de la naturaleza y promotor turístico— se trataba de “regalos” traídos por el río, como un milagro más del paraíso caribeño de olas cristalinas y brisa marítima en el que transcurrió su niñez.
Así es Omoa. Uno de los principales destinos turísticos de Honduras, un país centroamericano que recibe cerca de un millón de viajeros internacionales al año. La pequeña ciudad ubicada al norte cuenta con un atractivo pasado colonial destacado por la fortaleza de San Fernando, una variada gastronomía y la vibrante diversidad cultural que le aportan los 57 mil mestizos y garífunas, pueblo afrodescendiente de las regiones caribeñas de Belice, Guatemala, Honduras y Nicaragua.
A escasos 30 kilómetros de esta ciudad desemboca el río Motagua, cuyo caudal de 486 kilómetros nace en Guatemala y serpentea por siete ecorregiones en las que se puede apreciar desde el icónico quetzal, ave sagrada de los mayas; el heloderma, un compacto reptil tan venenoso que los lugareños afirman que hasta la propia sombra debe ser cuidada de su mordedura y, por supuesto, el jaguar, el imponente felino que domina sobre la selva tropical centroamericana donde, finalmente, el flujo dulce se incorpora a las aguas del Caribe.
Es la estampa de un paraíso que, no obstante, tiene su propia serpiente. Desde hace algunos años, el mismo río que le regalaba juguetes a Eduardo es el vehículo de una desgracia para los habitantes de la región y de un conflicto ambiental que hoy rebasa las fronteras internacionales.
El Motagua nace en Joyabaj que en Maya –k’ich’e “Xol abaj— significa “entre piedras”. Durante el esplendor prehispánico de esta cultura, su trazo funcionó como una ruta comercial de gran valor debido a que en el bosque seco de su cuenca, particularmente en la zona media, se encuentra el único reservorio de jade de Mesoamérica e importantes yacimientos de otras piedras calizas como el mármol.
Pero su historia contemporánea está marcada por otro tipo de abundancia. Los asentamientos rurales o semiurbanos, la falta de infraestructura eficaz para el manejo de residuos y tratamiento de aguas y la cultura del desperdicio han dotado al cauce del río de una desafortunada vocación: vertedero de basura.
¿Cuánta basura recibe este cuerpo de agua? La respuesta no es fácil. Pero un cálculo rápido habla de un gran problema. Desde su origen en Guatemala hasta el Caribe hondureño el río atraviesa 80 municipalidades habitadas por unas cinco millones de personas que, según el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de Guatemala en promedio desechan 1.15 libras de desperdicios diarios: botellas de plástico, utensilios de todo tipo, ropa inservible y hasta animales muertos.
El río recibe todo aquello que ha perdido su valor utilitario y que escapa de las autoridades guatemaltecas que en el 2021 anunciaron con bombo y platillo la captura de mil 550 toneladas de residuos sólidos, un esfuerzo titánico que, sin embargo, no impidió que el caribe hondureño recibiera 600 toneladas de desperdicios que impactaron sobre más de 60 kilómetros de playa en Omoa.
“Limpiamos la basura que no es nuestra. Todo viene de Guatemala y podemos limpiar en la mañana, pero de nada sirve porque en la tarde ya está lleno de basura nuevamente”, se lamenta Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa y testigo del constante fluir de basura que tanto hoteleros como pescadores, voluntarios y personal militar remueven una y otra vez infructuosamente.
“Cuando es temporada de invierno, hemos contabilizado hasta 60 toneladas de basura recolectadas al día. Esto para nosotros significa una pérdida, puesto que se invierten alrededor de US $4,059 mensuales”, agrega Alvarado quien se ha desempeñado como alcalde de Omoa por 12 años.
Si bien, el panorama en las zonas turísticas es desalentador, lo que sucede en las zonas de escasos recursos es catastrófico. Como en la Barra del Motagua, un área ubicada a poca distancia donde el río se une con el mar, declarada de alto riesgo y no habitable para las 80 familias que aún viven allí y que se encuentran en proceso de ser reubicados a través de la ONG Capacitación, Educación, Producción, Unificación, Desarrollo y Organización (CEPUDO-Honduras).
A pesar de su inminente destino, los futuros emigrantes de la basura continúan con su lucha a favor del medio ambiente. Como Paula Yesenia Rivera, madre soltera de tres infantes, quien junto a otras familias dedican parte de su tiempo a reforestar el manglar para conservar la biodiversidad, proteger la zona costera de la erosión y que la planta sirva de nido y alimentación para distintas especies de aves residentes y migratorias que llegan a suelos hondureños.
“No es algo fácil, es toda una vida, son 33 años de vivir aquí y que le digan a uno: te vas y no volvés”, dice Paula quien recuerda que en el 2019 se sacaron de la zona “más de 3 mil sacos de basura”. Ahora son ellos quienes se marchan, los residuos les han ganado esta batalla.
El agua del Motagua no solo acarrea objetos obsoletos sino que en sí mismo es un líquido envenenado. Una investigación presentada en el 2020 por parte del Instituto Nacional de Sismología, Vulcanología, Meteorología e Hidrología (INSIVUMEH) de Guatemala mostró que de un total 27 cuencas analizadas (20 ríos, 3 lagos y 3 lagunas), incluyendo la del Motagua, solamente 5 ríos y 3 lagunas mantienen condiciones aptas para el consumo humano.
¿La razón? La presencia de plantas de tratamiento de aguas es casi testimonial. Tan solo el 17,5% de los municipios involucrados cuentan con una planta de tratamiento de aguas residuales y éstas, en su mayoría, carecen de una adecuada gestión o de recursos para su mantenimiento.
“Se piensa que las municipalidades no tienen voluntad política, ese es el imaginario. Lo que realmente sucede es que no se tiene la cantidad de recursos necesaria para ese tipo de inversiones. Una es la inversión de hacerla y otra de mantenerla”, comenta Marvin De León, presidente de la Asociación Nacional de Municipalidades de la República de Guatemala (ANAM).
Una problemática que escala a nivel nacional. Según datos recabados por el proyecto binacional Gestión ambiental integral de la cuenca del río Motagua, financiado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), en Guatemala “se estima que el 66% de los desechos sólidos urbanos no se recolectan y no hay garantía de que el 34% restante de los desechos se elimine adecuadamente”.
Además, del 100% de los vertederos en todo el territorio guatemalteco, el 88,32% son ilegales o no cuentan con autorización municipal. Del lado hondureño las cosas no pintan mejor.
De los 24 municipios de la cuenca del río Motagua que competen a Honduras solo el de Cabañas y Santa Rosa de Copán del departamento de Copán, así como Choloma, Puerto Cortés y San Pedro Sula del departamento de Cortés, cuentan con rellenos sanitarios, pero los restantes 19 son botaderos a cielo abierto, de acuerdo al informe de la Dirección de Gestión Ambiental Departamento de Residuos Sólidos de la Secretaría de Recursos Naturales y Ambiente (MiAmbiente+).
Los humanos distan de ser los únicos afectados por la marea contaminante. Las avalanchas de desperdicios que descienden a las playas de Omoa y a zonas más distantes de los municipios insulares de Honduras se convierten en una costra gigante conformada por residuos sólidos, mascarillas, bolsas de plástico y botellas PET que, al flotar en la superficie marina, impiden el paso de la luz solar y frustran la fotosíntesis, es decir, la generación del primer eslabón de la cadena alimenticia con un efecto dominó negativo sobre todo el ecosistema.
Y si bien el video de una tortuga a la que se le extrae una pajilla del orificio nasal se volvió viral hace algunos años en internet, al grado que desalentó en muchos lugares el uso de esos utensilios para las bebidas, hay que imaginar el potencial para generar conciencia que podrían tener las imágenes que se viven aquí todos los días: tortugas marinas desorientadas e impotentes porque sencillamente no pueden encontrar un sitio apto para anidar debido a la acumulación de residuos plásticos en la playa. Lo anterior si es que no perecen asfixiadas en el mar ante la imposibilidad de distinguir entre una bolsa de plástico semi flotante y una medusa, uno de sus alimentos favoritos.
Los comerciantes de Omoa junto a una mancomunidad formada por alcaldes de varios municipios caribeños de Honduras y Guatemala han comenzado a hablar de una demanda internacional en contra del Estado guatemalteco, por los daños infringidos por contaminación al Río Motagua.
Aunque nada se ha concretado en un documento palpable y todo parece quedarse en cruce declaraciones, lo cierto es que las reuniones se intensifican y se busca incorporar en la querella a la municipalidad de la Ciudad de Guatemala, con el argumento de que la basura que viaja por el Motagua proviene, en su mayoría, desde allí.
“Estamos cansados de reuniones con autoridades de Guatemala, prácticamente solo a tomar un café es a lo que se va, lo que queremos son respuestas”, afirma Ricardo Alvarado, alcalde de Omoa.
Por su parte Maribel de Umaña, presidenta de la Cámara de Comercio de Omoa y quien es afectada por los desechos que llegan hasta su negocio ubicado en la playa afirma que “el Consejo Hondureño de la Empresa Privada -Cohep- hizo público que iba a comenzar con una demanda, no sé si ya inició con la gestión, pero sí que iba a demandar como empresa privada”.
Debido a que las gestiones guatemaltecas no han alcanzado la solución esperada, la empresa privada hondureña también analiza presentar una demanda en contra el Estado de Guatemala, ya que solamente en el turismo las pérdidas ascienden a US $2.6 millones de dólares mensuales de acuerdo a la cámara de turismo. Además que los daños a la imagen del destino y del país son incalculables.
La escalada de la problemática llevó al Gobierno de Guatemala a través del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) a informar durante la Cumbre de Acción Climática de las Naciones Unidas de 2019 que había instalado en distintos ríos más de 200 “biobardas”, un desarrollo tecnológico nacional que mostraban orgullosos y que tenía el objetivo de detener los desechos sólidos antes de que llegaran los océanos Pacífico y Atlántico. La inversión de casi US $2.5 millones de dólares no pudo ser justificada con los pobres resultados.
Por parte de Honduras, el llamado de más alto nivel lo hizo Liliam Rivera, ex-Secretaría de Estado de Recursos Naturales y Medio Ambiente del gobierno hondureño, para tratar el tema del río Motagua, quien mediante un comunicado pidió la empatía de las autoridades guatemaltecas, así como a toda su población, a causa del “gran esfuerzo” realizado para limpiar sus playas.
El Mensaje de la Ministra de Ambiente de Honduras a su homólogo guatemalteco. pic.twitter.com/DXdYeR9xdc
— Heidi L. (@lo_hS502) January 22, 2022
“Honduras ha reiterado que busquen soluciones concretas, sostenibles, y sobre todo, permanentes, para detener el daño ambiental y transformar las áreas afectadas, en zonas con mayores niveles de desarrollo”, concluyó el comunicado, en el que la palabra “país hermano”, se hizo notar en varias oportunidades pero que no evitó el señalamiento de la ineficacia de la biobarda ubicada en El Quetzalito, en la que se invirtieron US$2.44 millones de dólares, y cuya efectividad es más elevada durante la temporada seca cuando el caudal del río es más bajo que durante la temporada lluviosa.
Nadie quiere hacerse cargo de la basura del vecino. En el caso del caudal del Motagua el conflicto ha comenzado a escalar a nivel internacional. Distintos gobiernos de Honduras y Guatemala llevan años buscando una solución a los desechos que flotan por el caudal hasta las costas hondureñas, pero a criterio de los afectados, los presidentes no hacen nada y solo han sido promesas desde hace más de una década.
Para la presidenta de la Cámara de Comercio de Omoa (CCO), Maribel de Umaña, el impacto de esta problemática ambiental deja mal visto ante el turista a su municipio: “aquí hay un daño en imagen el cual tenemos que trabajar y revertir, las playas están limpias no porque no venga basura si no porque gastamos una enorme cantidad de recursos económicos humanos en mantenerlas limpias”.
El conflicto ha propiciado acciones que establecen medidas reactivas como la construcción de bardas en el río. En 2007, Yuri Guzmán, un trabajador de Autoridad Para el Manejo Sustentable de la Cuenca del Lago de Amatitlán (AMSA), junto con el concurso de otros colegas de trabajo idearon un mecanismo para impedir el traslado de la basura.
“Después de algunas pruebas, decidimos trabajar con tres plásticos (PET), en una secuencia uno lleno y dos vacíos, hasta llegar a la longitud de la barda que necesitamos”, y fue así como surgió la barda artesanal (VER GRÁFICO) que el anterior presidente guatemalteco, Jimmy Morales, etiquetó como “el legado de Guatemala para la preservación de ríos, lagos y mares del mundo”.
No obstante, este tipo de medidas junto con la recuperación y reutilización de residuos sólidos, incluso para fabricar ecoasfalto, que recién fue utilizado para la construcción de un parqueo vehicular en el Centro Universitario de Izabal, en el Caribe de Guatemala, se quedarán en pequeños paliativos si no se acompañan de esfuerzos políticos armoniosos con estas soluciones como el hecho de que Guatemala busque la eliminación de los vertederos ilegales que representan el 88,32% de los existentes en el territorio y en la publicación del Reglamento para la gestión integral de los residuos y desechos sólidos comunes.
La buena noticia fue que a finales de 2020 se reportaron el cierre de 1.400 basureros ilegales en Guatemala.
Otra medida positiva fue el anuncio en 2021 por parte de ambos gobiernos de la creación del Corredor biológico Cuyamel-Omoa Punta de Manabique, una zona de 55 mil hectáreas con presencia de arrecifes de coral, pastos marinos, manglares y bosque subtropical que conecta a las dos naciones, y una iniciativa que propone un modelo de gestión bilateral por medio de la participación colaborativa de las comunidades, autoridades municipales y gubernamentales, así como de otros aliados, como la cooperación internacional.
La situación motivó al Ministro de Ambiente guatemalteco, Mario Rojas, a asegurar que “por primera vez en 2021 logramos detener la marejada de desechos sólidos en el río Motagua que llegaban a Honduras”.
Ambos gobiernos pusieron en marcha el proyecto binacional Gestión ambiental integral de la cuenca del río Motagua, que contempla la implementación de nueve proyectos piloto (seis en Guatemala y tres en Honduras), en los que se invertirán US$7 millones (US$3,5 millones por país), entre los que se destacan acciones como reforestación de manglares y bosques en la cuenca alta del río, así como la implementación de estrategias eficaces en el manejo de residuos sólidos, y el desarrollo de tecnologías innovadoras de bajo costo, que ayudarían a manejar de manera más eficiente las aguas residuales y los desechos sólidos y evitar que lleguen a los cuerpos de agua.
Para expertos como el biólogo hondureño Ian Drysdale, quien trabaja por proteger el arrecife de coral de Mesoamérica, la verdadera solución pasa porque toda la población, no solo los políticos, tomen interés en esta situación. “Si seguimos consumiendo como hasta ahora, y eligiendo a los políticos como hasta ahora, no hay mucho por hacer”, se lamenta.
“Es muy triste ver cómo la gente tiene que lidiar con tanta basura todos los días”, suspira con resignación don Taco, comunitario guatemalteco, quien sobrevive gracias a la pesca en Punta de Manabique, la zona más al nororiente de Guatemala, que hace frontera con Honduras. Vivir rodeado de un montón de envases plásticos que flotan en el río, bolsas plásticas trabadas en las ramas de los árboles y el aroma intenso de basura acumulada, sin contar la eventual marea de peces muertos con plástico en su interior que eventualmente llega, ha de ser una de las condiciones de vida más difíciles que cualquiera debería de soportar.
Sin embargo, hay muchas personas que lo hacen, y no solo con lo que se vive hoy, sino lo que empezaron a experimentar paulatinamente, conforme los caudales de basura iban llegando.
Primero, los comunitarios tuvieron que aceptar que el agua del río de su infancia ya no era apta para nadar. Luego, los peces muertos fueron una señal de que ya no era más una opción para el alimento. Ahora, el riesgo es que ya ni siquiera es apta para el riego de sus cultivos, ni siquiera para que estas personas, que aquí nacieron, puedan continuar viviendo.
Pero la “resiliencia”, de la que el ex-viceministro de Ambiente hondureño, Carlos Fasquelle, se enorgullece, obligó a los pobladores de Omoa a aprovechar la basura que el río acarrea: desde los juguetes como en la casa de Eduardo, hasta como combustible para encender los fogones de los hogares para cocer los frijoles y hacer tortillas, a pesar del riesgo para la salud que eso representa. “Es un peligro para los niños”, es el lamento que se oye más constantemente en La Barra.
Increíblemente, después de millones de dólares gastados en la limpieza de las zonas afectadas, de la decisión de reubicar a una comunidad entera por el riesgo que sus vidas corren, incluso del daño ambiental y biológico que la falta de manejo adecuado de recursos provocó hasta ahora, nada de esto ha sido suficiente para motivar a las autoridades de ambos países para encontrar una solución efectiva.
A pesar de todo y ajeno a lo que se sucede a cientos de kilómetros de distancia, Eduardo espera que, mediante la fotografía de naturaleza y la promoción turística, más gente aprenda a apreciar lo que su pueblo natal tiene para ofrecer. «Omoa es un paraíso escondido que tiene muchas maravillas que aún no son exploradas” dice mientras captura con su cámara el atardecer desde la playa.