Iniciativa de ley 6054, una propuesta con mucha controversia en Guatemala
En marzo pasado, un grupo de diputados del partido de gobierno en Guatemala, presentaron la Iniciativa de Ley 6054, que pretende, entre otras cosas, que el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales, sea el encargado de administrar todas las acciones que CONAP e INAB realizan actualmente.
De aprobarse esta iniciativa, se corre el riesgo de una pérdida masiva de puestos de trabajo en toda la gestión ambiental guatemalteca, y generaría incertidumbre en los proyectos que se ejecutan en la actualidad.
Marlo García es un investigador ciudadano cuyo objetivo de vida es el de mostrarle al mundo que la ciencia es la mejor herramienta que la humanidad tiene para aprender a valorar y proteger el entorno natural que le rodea. Es un observador de aves, con acceso a una de las mayores fuentes de biodiversidad en Guatemala, Petén, al norte del país.
Es ahí en Petén en donde se encuentra la Reserva de la Biosfera Maya (RBM), la zona protegida más grande toda Centroamérica. Hogar de jaguares, tapires, tucanes y guacamayas y algunas especies de serpientes venenosas, esta reserva es, a su vez, parte de la gran Selva Maya, que comparte con México y Belice, uno de los cinco grandes bosques de Centroamérica.
Por su importancia biológica, la RBM es sujeto de muchos proyectos algunos financiados por el gobierno de Guatemala, la mayoría por la comunidad internacional, todos administrados, ya sea por el Instituto Nacional de Bosques (INAB) o por el Concejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), entidades que administran y facilitan procesos para el desarrollo de las comunidades asentadas dentro de la inmensa zona protegida.
Es, en parte, gracias a esta cultura de conservación, que Marlo, y miles de personas, no solo en Petén, sino en toda Guatemala, ha logrado involucrarse de lleno en el esfuerzo por proteger la vida natural, a la vez que se pueda generar procesos de desarrollo sostenible, que sean de beneficio económico y social para las personas.
“Trabajamos con varias comunidades en donde no había información acerca de las aves. Involucramos principalmente a jóvenes que empiezan a trabajar y expresar un interés por el turismo (como fuente de ingresos). Los apoyamos para que ellos puedan ser guías en observación de aves y esto nos beneficia a ambos: ellos acceden a información que no tenían y nosotros contamos con datos de aves en áreas que antes no teníamos”, dijo García.
Marlo García, pajarero y promotor de ciencia ciudadana en Petén, Guatemala. Foto: Jorge Rodriguez/Viatori
CONAP administra una amplia variedad de zonas protegidas en el país, como la mencionada RBM, en donde recientemente se han ampliado los contratos de concesión para el manejo comunitario de grandes extensiones de cobertura forestal. INAB, por su parte, administra los recursos forestales del país, y solo en este año ha incentivado el establecimiento, mantenimiento y manejo sostenible de 16,739 proyectos, beneficiando, directa e indirectamente, a 25,893 familias equivalentes a 126,333.26 hectáreas.
Estos incentivos se dan a comunidades locales, municipios y personas privadas dueñas de territorios con cobertura forestal, con el objetivo de que estos se protejan, ya sea como áreas de conservación, o como zonas de manejo sostenible, para el beneficio económico del país.
Tanto CONAP como INAB, y otras oficinas dedicadas al manejo de los recursos ambientales en Guatemala, realizan su labor con apenas el 0,13% del PIB del país, y han logrado, durante unas cuatro décadas, crear y sostener una serie de programas orientados a generar beneficios a la población, a partir del cuidado de los recursos naturales.
Iniciativa de ley 6054
A inicios de su gestión, en 2020, el Ministro de Ambiente y Recursos Naturales, ayudó a la redacción de la Iniciativa de Ley 6054, que busca, entre otras cosas, centralizar todo el trabajo de estas oficinas, junto con la Oficina de Control de Áreas de Reserva del Estado (OCRET) y las autoridades de las cuentas de los lagos: Amatitlán, Atitlán y la cuenca Río Dulce – lago de Izabal. y que todo sea regulado y administrado por el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (Marn).
El problema con esto, y que generó un rechazo casi inmediato de todos los sectores ambientalistas, técnicos, forestales y científicos de Guatemala, debido a que esta iniciativa atenta contra el principio de la descentralización, promovido por la Constitución del país.
“Lejos de procurar la sustentabilidad ambiental, (esta ley) amenazaría seriamente la gobernanza de la naturaleza dentro y fuera de las áreas protegidas y zonas de patrimonio natural”, declaró el diputado de oposición Luis Fernando Pineda, quien también integra la Comisión de Ambiente, Ecología y Recursos Naturales del Congreso de Guatemala, encargada de dictaminar si la iniciativa se aprueba o no.
Congreso de Guatemala. Foto: Red Ciudadana/Wikipedia
“El artículo 97 de la Constitución de la República establece una responsabilidad compartida de los habitantes, las municipalidades y de todas las entidades del estado en la toma de decisiones en el tema ambiental, porque hablamos de administración de territorios y de gobernanza de bienes y servicios ecosistémicos”, señaló Diana Monroy, investigadora asociada con el Centro de Estudios Conservacionistas.
Según los sectores en contra de la aprobación de este proyecto de ley, el riesgo que se corre al centralizar todo el trabajo hecho por CONAP, INAB y las otras oficinas, es que se pierdan todas las dinámicas creadas hasta ahora, en las que ha sido necesario un duro trabajo con las comunidades locales, para involucrarlas en los proyectos de conservación y manejo sostenible de los recursos.
“Aunque me gustaría creer que esta iniciativa nos beneficiará, ¿cómo creer en ello si el MARN no ha tenido la experiencia? Pareciera que vamos en un retroceso sin precedentes para la actividad de conservación de bosques y de áreas protegidas, y en relación a los incentivos a actividades de reforestación o industriales”, dijo la columnista y ambientalista Vida de Paz, en el medio local Prensa Libre.
Posibles consecuencias en la administración ambiental en Guatemala
Otra preocupación es el aura de corrupción que rodea al MARN, ya que es una institución que es señalada de poco firme en contra de delitos en contra del ambiente que empresas nacionales e internacionales cometen en el país.
En esta línea, la Cámara del Agro de Guatemala expresó, el pasado abril, su rechazo ante la posibilidad de centralizar el manejo de los recursos naturales en una sola institución, ya que pone en riesgo todo el trabajo previo que se ha realizado durante las últimas décadas en todo el país, los convenios y acuerdos que se han firmado durante los años y el dinero que existe, vía donaciones y préstamos internacionales, para llevar a cabo este trabajo. “Pareciera ser que se busca un mecanismo de acceso y control sobre los recursos financieros”, expresó la Cámara en un documento.
Un técnico forestal del CONAP atiende a un especimen de Coyote hembra rescatado en Quiché.
La justificación de los ponentes de esta iniciativa, presentada en marzo pasado por varios diputados del partido de Gobierno, entre las que se encuentra Shirley Rivera, actual presidenta del Organismo Legislativo, es que existe “mucha burocracia” y “poca ejecución de acciones orientadas a la política publica de protección y conservación del medio ambiente”. Esto a pesar de que el número de áreas protegidas, a cargo de CONAP, sigue en aumento, el país tiene declarado el 33% de su territorio como protegido, y de que el programa de incentivos forestales, a cargo de INAB, ha inyectado a la economía local un total de $31 millones (30,963,458.90), solo en lo que va de 2022, a partir de los incentivos forestales.
La unión de diferentes sectores en contra de esta iniciativa, hace prever que no verá la luz del día, debido a todo lo que está en juego. Según los columnistas Nicholas Virzi y Gonzalo Cabrera, lo único que esto genera, es un “desgaste innecesario” para la actual administración, y puede jugar en su contra de cara al próximo proceso electoral. “El oficialismo haría bien en engavetar y retirar de manera definitiva esta iniciativa. Cualquier diputado que vota a favor de esta iniciativa corre el riesgo de quedar fuera del próximo Congreso”, dijeron.
A seguir adelante
A pesar de todo esto, en Guatemala, en el día a día, pase lo que pase, la cotidianidad siempre se sentirá igual. Esta es una tierra en donde la violencia, la inseguridad, la pobreza extrema, los abusos y todo eso que se lee en todos lados parecieran no afectar la rutina de sus habitantes.
Marlo, por su parte, sigue cultivando su determinación y entrega para llevar el conocimiento a todos los niños y niñas de las diferentes comunidades de Petén. Durante la pandemia, se movió activamente junto actualmente se esfuerza por crear espacios de participación en la comunidad de Uaxactún, otro sitio arqueológico famoso, ubicado a 23 kilómetros de Tikal. Su objetivo, como siempre lo fue, es el de ayudar a educar a los niños y niñas, para que estos tengan oportunidades de desarrollo a partir de la protección de sus recursos naturales.
“Estoy convencido que, a través de la educación y la investigación ciudadana, podremos, no solo valorar lo que tenemos, sino que además sé que podremos crear oportunidades de desarrollo para las personas de estas regiones”, finalizó.
Marlo García continúa con su labor de fomentar el cuidado de los recursos naturales. Foto: Jorge Rodríguez/Viatori