Entre el freno a la deforestación y los mercados internacionales de carbono, un pequeño bosque en Baja Verapaz muestra cómo el apoyo estatal a la conservación contribuye al desarrollo de las comunidades y a la mitigación del cambio climático.
Cada año, en el caserío Chupel, en Baja Verapaz, Salvador Cistista mantiene rondas de tres metros de ancho para detener el avance del fuego en caso de que se produzca un incendio forestal que afecte su bosque. Además, coloca un rótulo que identifica el terreno bajo protección. Estas son acciones que realiza como parte del compromiso asumido al participar en los programas de incentivos forestales del Instituto Nacional de Bosques (INAB).
En su comunidad, cuenta Cistista, hay unos setenta proyectos que les permiten generar ingresos a partir de la conservación y hacer frente a los efectos de la sequía. Cuando no sale la cosecha, los incentivos ayudan a comprar maíz y sufragar gastos. El mantenimiento de las áreas boscosas también permite generar empleo para otras personas. Antes, recuerda, los ingresos dependían de salir a cortar café, caña o banano en otras regiones del país.
Entre enero y mayo de 2026, de acuerdo con el balance del INAB, la inversión mediante PINPEP y PROBOSQUE alcanzó cerca de Q261 millones y benefició, directa e indirectamente, a 21.625 familias.
El trabajo de quienes cuidan esos bosques también influye en el clima. A través de la fotosíntesis, los árboles absorben dióxido de carbono de la atmósfera e incorporan carbono a sus troncos, raíces y hojas. Los suelos también lo almacenan. Cuando el fuego o la deforestación destruye el bosque, parte de ese carbono vuelve a la atmósfera y contribuye al calentamiento del planeta. Conservarlo permite mantener esa reserva.
Además de los incentivos existentes, Guatemala cuenta con un mecanismo que remunera los resultados climáticos: el Programa de Reducción de Emisiones (PRE), ejecutado por el INAB. Reconoce la reducción de las emisiones derivadas de la deforestación y la degradación forestales, así como el aumento de las reservas de carbono. Para ello, necesita comparar las emisiones y absorciones del período evaluado con un nivel de referencia. Esa comparación permite determinar el resultado por el que se paga; estimar la cantidad de carbono que contiene el bosque es una parte del proceso.
«Ese reporte lo hace el país, pero luego viene un tercero a revisarlo», explicaban desde la Unidad Ejecutora del PRE. La auditoría independiente debe comprobar los resultados reportados. Según la funcionaria, el pago reconoce un servicio que prestan los bosques: la reducción de emisiones.
El largo recorrido de la compra y venta de servicios ambientales
A nivel internacional existen los mercados de carbono, donde se compran y venden reducciones o remociones de gases de efecto invernadero. Se expresan en toneladas de dióxido de carbono equivalente, una medida común del efecto climático de distintos gases. Gobiernos y empresas pueden adquirir créditos para compensar parte de sus emisiones, según las reglas de cada mecanismo. Para quienes conservan los bosques, representan una posible fuente de ingresos.
Pero fijarle precio a ese resultado requiere demostrar que el beneficio es real. Entre las dificultades están comprobar que se logró algo más de lo que habría ocurrido de todas formas, asegurar que la deforestación no se extendió a la montaña vecina y responder a la pregunta de si un incendio revierte lo protegido. Estas cuestiones han formado parte del debate internacional. En la COP29 de Bakú, Azerbaiyán, en 2024, se aprobaron estándares para el mecanismo de créditos supervisado por las Naciones Unidas.
Guatemala había avanzado mediante un acuerdo firmado en 2021 con el Fondo Cooperativo para el Carbono de los Bosques, cuyo fiduciario es el Banco Mundial. Contempló hasta 52,5 millones de dólares por 10,5 millones de toneladas de reducción de emisiones: 5 dólares por tonelada. Este contrato estableció sus propios requisitos para la verificación y la distribución de beneficios.
Que Guatemala ya contara con un contrato firmado no fue suficiente para agilizar las gestiones que las instituciones guatemaltecas debían realizar para distribuir el dinero entre los beneficiarios. En 2025, Bruno Arias, gerente del INAB, señaló la falta de gobernanza entre los ministerios de Finanzas, Ambiente y Agricultura, Ganadería y Alimentación, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas y el propio INAB como una de las dificultades para cumplir con las condiciones del contrato. La espera, explicó, también generaba desconfianza entre los beneficiarios. «Cada una de las instituciones tiene una agenda de trabajo; cada quien responde a su agenda», mencionó en su momento. Las diferentes atribuciones de las entidades dentro del comité, añadió, también complicaban la coordinación.
¡Avanzamos para ser un país más verde y con más oportunidades! 🌳✨
— Gobierno de Guatemala 🇬🇹 (@GuatemalaGob) January 7, 2026
Logramos la primera venta de bonos de carbono, generando Q175 millones que beneficiarán a 230 mil personas. pic.twitter.com/FOUiuW6r9m
El primer pago finalmente llegó al país. En febrero de 2026, la FAO informó que Guatemala había recibido $24,21 millones de dólares por la reducción verificada de 4,84 millones de toneladas de CO₂ equivalente. En enero, la ministra de Agricultura había anunciado Q175,4 millones distribuidos entre 1.015 proyectos. En enero, CONAP había anunciado pagos por resultados de 2020 a Guatecarbon, Lacandón Bosques para la Vida y diez proyectos de manejo del Sistema Guatemalteco de Áreas Protegidas.
Además del Sigap, se incluyen concesiones forestales comunitarias, así como proyectos de comunidades, cooperativas, municipalidades y entidades privadas, enfocados principalmente en la protección del bosque natural y el mantenimiento de la cobertura forestal. Guatemala se convirtió en el cuarto país de América Latina y el Caribe en concretar una operación de este tipo, lo que abre la posibilidad de acceder en el futuro a nuevas fuentes de financiamiento climático.
María Fernanda Rivera, titular del MAGA, celebró este hito y resaltó que se logró gracias a la confianza institucional necesaria para garantizar que los recursos lleguen directamente a los proyectos y a los beneficiarios involucrados en la conservación de los bosques.
«Ya estamos ingresados en el PRE», confirmó Salvador Cistista. Su experiencia con los incentivos forestales le ha mostrado lo que puede significar recibir dinero por proteger los árboles. Con esos ingresos cambió el techo de su casa. En su comunidad, las aportaciones de quienes reciben incentivos también han permitido construir un puente y pagar la maquinaria que abrió paso entre las rocas del camino.
El financiamiento llega a un país que arrastra pérdidas de bosque. La memoria de labores del INAB de 2023 documenta una pérdida neta de 52.737 hectáreas entre 2016 y 2020, tras descontar la superficie recuperada. Reducir emisiones respecto de una referencia puede coexistir con esa pérdida: el pago reconoce una mejora, pero no significa que la deforestación haya terminado.
Por lo pronto, Salvador Cistista continúa comprometido a realizar anualmente sus rondas cortafuegos y reducir así el riesgo de perder su bosque.
