Minería ilegal, invasiones y asentamientos humanos extranjeros, envenenamiento de ríos y destrucción del patrimonio forestal. Estas son algunas de las realidades que se están dando en la Reserva Biológica Indio Maíz, al sureste de Nicaragua, uno de los cinco bosques más importantes de toda Centroamérica.
A pesar de contar con un Plan de Manejo, creado en 2005 y modificado en 2014, no existe el compromiso gubernamental, ni de parte de organizaciones civiles, por implementarlo y evitar el deterioro ambiental de la zona. Esta inacción provocó, en abril de 2018, la movilización de miles de jóvenes nicaragüenses, bajo la consigna #SOSIndioMaíz, demandando acciones de parte del Estado para sofocar una serie de incendios que se dieron dentro de la reserva natural. “No tenemos miedo. Queremos respuestas sobre Indio Maíz”, eran los gritos que inundaron las calles de Managua.
Un año después, representantes de las comunidades Rama y Kriol, que habitan dentro de Indio Maíz, han denunciado la pérdida de unas 6,800 hectáreas de bosque, debido al ingreso de colonos (invasores), que se adueñan de las tierras para crear pastizales para el ganado. Además, según un estudio apoyado por el Proyecto Tapir Nicaragua, reveló que estos invasores envenenan los ríos dentro de la reserva, al utilizar “diferentes tipos de químicos para pescar chacalines o pepescas que luego usan como carnada o anzuelo”.
Por si fuera poco, la Fundación Del Río, el 13 de mayo pasado, emitió un comunicado en el que denuncia una “fiebre del oro”, que ha llevado a muchos “güiriseros” a invadir la zona núcleo de la Reserva Biológica, en busca de oro. “Desde 2016 hasta 2019 hemos documentado más de 100 molinos de extracción ubicados, principalmente, en los municipios de San Carlos, El Castillo, Nueva Guinea y Bluefields”.
Ante esto, tampoco ha habido una acción concreta para revertir esta situación de parte del gobierno nicaragüense.
Indio Maíz es habitado por el pueblo indígena Rama y el afrodescendiente Kriol, quienes se han unido para conformar el Gobierno Territorial Rama – Kriol (GTR-K) y “luchar por la conservación de sus pueblos, sus vidas, sus bosques hoy amenazados por el avance de la frontera agrícola y la llegada de mega proyectos a su territorio”.
La reserva tiene una extensión de 2639 Km² y es una de las zonas más importantes de Nicaragua, y del istmo centroamericano. Es hogar de especies amenazadas como tapires, jaguares, cerdos de monte, manatíes, y gran variedad de aves, como lapas, tucanes, quetzales y garzas tigre, entre otras.
Se han registrado 65 especies de mamíferos, como jaguar, puma, ocelotes (Pantera onca, Puma concolor, Leopardus pardalis). También hay abundantes y excelentes habitas para mantener una importante población de manatíes (Trichechus manatus). También se han reportado 55 especies de reptiles y 34 de anfibios. Hasta la fecha hay reportes de 149 especies de insectos, destacándose las que son indicadoras de grado de conservación o alteración de hábitat.
Asimismo, hay identificadas 221 especies de aves. Algunas incluidas en los listados de especies protegidas por el gobierno de Nicaragua, en apéndices CITES y en veda totales y parciales. Entre ellas se encuentran el águila arpía (Harpia harpia), la lapa verde (Ara ambiguus), el pájaro campana (Procnias trucarunculata) y el pavon (Crax rubra).
La importancia biológica de Indio Maíz, una de dos reservas nacionales de Nicaragua, contrasta con el poco interés que el gobierno del país centroamericano ha mostrado históricamente. Ha sido debido a esa inacción gubernamental, que los pueblos que habitan la reserva, y que la consideran su hogar ancestral, tomaron la decisión de unirse para detener el abuso que las zonas naturales están soportando, principalmente por la llegada de “colonos”, que realizan prácticas nada amigables con el medio ambiente.
Según el Proyecto Tapir, que realizó un estudio relacionado con el envenenamiento de los ríos dentro de Indio Maíz, unas 30,000 hectáreas, (10% de la reserva), se encuentran en manos de invasores.
“El 74% de los encuestados dijeron que (el uso de químicos para pescar) ocurre en su comunidad y sólo lo practican las personas que invaden la reserva ilegalmente”, explicó el investigador asociado a Proyecto Tapir, el biólogo Joel Betts.
A pesar de que existen muchas evidencias del abuso que gente ajena a las comunidades, realiza dentro de la reserva, son pocas las acciones que el Estado realiza para evitarlo. “El Estado no está cumpliendo con lo que se comprometió, es su competencia, (pero) hasta la fecha no han podido solucionar los problemas que hoy tenemos, y que lamentablemente se han incrementado”, dijo a un medio local la primera vocal del GTR-K, Princess Barberena.
Foto de portada: Carlos Herrera/Niú