Las poblaciones indígenas en Latinoamérica, están siendo fácilmente vulneradas por grandes poderes económicos y políticos, que solamente buscan el crecimiento de las economías, tanto de los países como de grandes corporaciones multinacionales.
Estas prácticas se suelen saldar con la muerte de líderes indígenas que defienden sus territorios. Según un estudio conjunto de Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), entre 2015 y los primeros 6 meses de 2019, se sucedieron unos 4 asesinatos al mes en toda la región de defensores de la naturaleza de pueblos indígenas. En Latinoamérica hay más 800 pueblos indígenas, unos 60 millones de personas (10% del total de la población del continente).
Estos escenarios de violencia se intensifican más si se trata de mujeres indígenas. En noviembre de 2020, la organización no gubernamental internacional Oxfam Colombia, denunció “miles de mujeres están siendo atacadas, amenazadas, asesinadas con total impunidad por defender su tierra y el medioambiente”. Afirmaron que la situación se agrava si, además de mujer, se es indígena, “campesina o afrocolombiana serás objeto de amenazas, estigmatización, violencia sexual y podrás ser asesinada solo por pedir lo que es justo y proteger recursos naturales”.
En la misma publicación, ONU sugiere que la cura para esta realidad de sangre y represión, pasa por generar oportunidades de desarrollo sostenible para los pueblos. “(Estos pueblos) continúan siendo uno de los colectivos con mayores atrasos en materia económico-social, pese a los grandes avances logrados en este ámbito en Latinoamérica”.
La raíz de todo este problema radica en que los modelos económicos y de desarrollo de países como Guatemala, México, Honduras, Colombia y Brasil, por mencionar algunos, y las empresas que operan en sus territorios, pasa por apropiarse de los recursos naturales (agua, madera, petróleo), usualmente guardados por los pueblos originarios.
Siempre según ONU, en todo el continente existe unos 1223 conflictos territoriales, que suelen saldarse con represión y criminalización de los pueblos que defienden sus derechos ancestrales y consuetudinarios. Estos conflictos a veces terminan con el asesinato de líderes y lideresas, como formas de represión y miedo. “América Latina pide acabar con la cultura del privilegio que naturaliza las desigualdades, las discriminaciones e insta a construir sociedades pluriculturales”, dice el organismo internacional.
El respeto de los derechos de los pueblos, no solo permitirá generar modelos de desarrollo económico sostenible basado en su cosmovisión, sino que también se presenta como un excelente aliado en contra de los efectos del cambio climático, especialmente en países con alta vulnerabilidad.
Existen practicas asociadas con los pueblos indígenas, que pueden ser aplicadas a escala regional para mitigar los efectos del cambio climático. Terrazas para evitar la erosión del suelo o los huertos flotantes para aprovechar los campos inundados. Concesiones forestales comunitarias, recuperación de cultivos tradicionales y, por sobre todo, el cuidado de los territorios y su biodiversidad, son las mejores armas que los países vulnerables tienen en contra del cambio climático.
Sin embargo, para lograr todo esto, los países deben de cambiar sus modelos de desarrollo, por unos en los que las poblaciones indígenas no sean vistas como ciudadanos de tercera categoría, o como obstáculos para el crecimiento económico.
“Movilizar los conocimientos especializados que se derivan de este patrimonio y estos legados históricos es importante para hacer frente a los desafíos a los que se enfrentan la alimentación y la agricultura en el momento actual y en el futuro”, dijo la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO).