El Gobierno de El Salvador puso en tela de duda su compromiso con promover la transparencia ambiental, al rehusarse a ratificar el Acuerdo de Escazú. El presidente Nayib Bukele, ya había afirmado, en cadena nacional, que no firmaría tal ratificación por «discrepancias con dos artículos», que podrían estar relacionados con los permisos ambientales a proyectos de desarrollo urbanístico. «Como El Salvador quisiéramos hacerles modificaciones a dos artículos… Lo firmaríamos si hicieran esos pequeños cambios. Parecerían de forma, pero son importantes para garantizar que se cuide el medio ambiente sin evitar el desarrollo de nuestros países», dijo Bukele.
El plazo para ratificar este acuerdo, pactado el en marzo de 2018 en Escazú, Costa Rica, que propone enmiendas o creación de reglamentos relacionados con el acceso a la información, participación pública y justicia en asuntos ambientales en América Latina y el Caribe, venció el pasado 26 de septiembre.
Impulsado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), el Acuerdo de Escazú busca la adopción de decisiones medioambientales transparentes y que garanticen la participación y regulación ciudadana. «Este mecanismo obliga a publicar los estudios de impacto ambiental y las características de los proyectos propuestos, así como garantizar un entorno seguro para los defensores del medio ambiente», dice el medio Sputnik en una nota publicada en septiembre pasado.
Añaden que «tales postulados chocan en El Salvador con una administración que flexibilizó los permisos ambientales, recortó el presupuesto del Ministerio de Ambiente (MARN), y propició la realización de proyectos de desarrollo urbanístico en zonas protegidas de la biosfera».
Para agravar esta situación, un medio local salvadoreño publicó que la capital del país, San Salvador, está en medio de una crisis sanitaria, debido a la acumulación de basura en las calles, producto de una deuda que la municipalidad mantiene con los trabajadores municipales.
«La municipalidad se encuentra sumida en una crisis financiera, según ha revelado el alcalde Ernesto Muyshondt, y adeuda $700 mil a trabajadores a los que ha descontado cuotas laborales, además mantiene una deuda con MIDES de más de $4 millones, así como decenas de proveedores no reciben pago desde hace más de un año, pese a que los capitalinos han pagado sus tasas por más de $16 millones, según reveló una auditoría de la Corte de Cuentas de la República», publica Diario La Página.
Este inadecuado manejo de los desechos sólidos pone en riesgo la salud de las personas, así como el estado de los mantos acuíferos de San Salvador, a donde ya están llegando los desechos. El MARN ha urgido a la alcaldía solucionar esta situación, como lo estipula su mandato municipal.