Costa Rica y la inclusión de los pueblos indígenas en la protección de la biodiversidad

En 1998, el Gobierno de Costa Rica, fue la primera vez que presentaba un informe nacional para conocer el estado de la diversidad biológica de su territorio. En mayo de 2020, a través del Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), junto con el apoyo del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo (PNUD), se presentaron los resultados del Sexto Informe Nacional sobre el Estado de la Biodiversidad (6IN), en el que se destaca el esfuerzo que esta pequeña nación centroamericana realiza para la protección de la biodiversidad, con la participación de todos los sectores sociales del país.

En la elaboración de este informe, participaron 184 personas, 51% de las cuales fueron mujeres de instituciones gubernamentales, sector académico, sociedad civil. También hay que contabilizar a 46 líderes y lideresas (20 mujeres y 26 hombres) de 18 territorios y 6 pueblos indígenas. Asimismo, el proceso participativo incluyó 7 sesiones de capacitación en género y biodiversidad.

Estos datos son muy importantes, ya que Costa Rica es uno de los pioneros en el tema de pueblos indígenas y biodiversidad. Desde 2018, el país cuenta con el Mecanismo General de Consulta a Pueblos Indígenas, que se basa en el estándar de “consulta sobre la consulta”, el primero en toda América Latina.

Protección de los ecosistemas terrestres

El 6IN destaca que Costa Rica ha aumentado su protección de los ecosistemas terrestres en un 26.51%. A esto se suma la creación de dos nuevas áreas protegidas marinas, en 2017 y 2018, que dan un total de 27.41% más de áreas protegidas en el país. Este espacio “conserva el 74% de las áreas clave para biodiversidad identificadas a nivel mundial y son hábitat de más de 120 mil especies conocidas para el país”.

“La Estrategia Nacional de Biodiversidad de Costa Rica y el Plan Estratégico de la Diversidad Biológica reflejan un avance promedio del 30% según los indicadores planteados a nivel nacional, un esfuerzo sostenido en materia de la consolidación del Sistema de Áreas de Conservación y en la generación de incentivos y actividades productivas como el turismo sostenible entre muchos otros; no obstante, este avance es importante pero requiere de un incremento de acciones para contrarrestar la pérdida y deterioro de la biodiversidad, así como de sus servicios ecosistémicos según las señales de alerta que presenta este Informe, indispensables para nuestro bienestar y desarrollo sostenible en Costa Rica”, indicó Pamela Castillo, Viceministra de Ambiente.

Para lograr todos estos avances, el compromiso de las acciones de estado han llevado al país a adherirse al Convenio sobre Diversidad Biológica, cuya meta es la de proteger el 30% de los ecosistemas terrestres y marinos, bajo el sistema de áreas protegidas. A pesar de este compromiso, según el Ministro de Ambiente Carlos Rodríguez, la idea es alcanzar hasta el 60% del territorio tico bajo cobertura forestal, “meta articulada con nuestro Plan de des-carbonización y que representa la restauración de 400,000 hectáreas de bosque”, dijo.

Según Naciones Unidas, a nivel mundial, la naturaleza proporciona servicios ecosistémicos por un valor aproximado de $125 trillones de dólares, situación que exalta más los esfuerzos realizados por Costa Rica. Durante la presentación del informe, el representante de PNUD en el país centroamericano, calificó de “inédito” este esfuerzo como nación.

La tendencia al detererioro de ecosistemas marino-costeros

Aunque la mayoría de indicadores muestran un avance y una interés impresionantes, por proteger sus recursos naturales, los costarricences aún tienen que trabajar más en la protección de los ecosistemas marino-costeros.

Según el 6IN, el estado de los manglares, el bosque húmedo tropical y la parte marino costera presentan pérdida de cobertura o deterioro. Estos reportan una disminución en su estado de conservación y cobertura, siendo las áreas de Guanacaste, Huetar Norte y Tortuguero, las zonas más afectadas.

El informe habla acerca de la disminución de cobertura de manglares, arrecifes y pastos marinos. Además, los pantanos y lagunas presentan tendencias hacia el deterioro. Se sugiere que actividades de monitoreo de corales, peces cartilaginosos, anfibios, aves y mamíferos, podrían ser herramientas útiles para el desarrollo de estrategias de conservación y desarrollo.

Otra de las áreas en las que busca tener mayor éxito es en la promoción de productos naturales para el cultivo. En Costa Rica, el uso de productos agroquímicos y plaguicidas se incrementó en un 8%, después de la última medición hecha entre los períodos 2012-2015.

Centroamérica y la participación indígena

A diferencia de lo que empieza a ocurrir en Costa Rica, el resto de los países centroamericanos aún no incorporan a las comunidades indígenas, y su visión milenaria, dentro de la toma de decisiones cuando de biodiversidad, desarrollo agrario y conservación se refiere.

Incluso, la llegada del COVID-19 evidenció la extrema exclusión que los pueblos originarios reciben de parte de los Estados. En Guatemala, empiezan a moverse llamados por «fortalecer (la) organización ancestral», debido a la falta de planes de inclusión de las comunidades indígenas en el manejo de la crisis del nuevo coronavirus.

“Ancestralmente hemos demostrado nuestra capacidad de organización y nuestro poder de gobernarnos. Son los títeres puestos por la oligarquía tradicional y los mismos, los que NO nos han dejado trascender al Buen Vivir, como siempre lo hemos venidos construyendo, revitalizando y vivenciando nosotros por cientos de años”, dijo Julio García, del Consejo del Pueblo Maya.

“Se hace un llamado a toda la población maya desde cada aldea, municipio y los cuatro grandes pueblos que conformamos este país (Guatemala), a fortalecer nuestra organización ancestral y desde ese marco, resistir y luchar para regionalizar al país a través de las comunidades lingüísticas como forma ancestral de organización de nuestro territorio”, añadió Julio García.

En Honduras, representantes de la Vía Campesina, vienen denunciando desde abril pasado, la falta de acción de parte del gobierno de ese país, para atender la crisis alimentaria que la mayoría de la población hondureña, principalmente campesinos y pueblos indígenas, sufren desde el inicio de la pandemia.

La Vía Campesina comunicó públicamente, además, que el financiamiento, la asistencia técnica y los sistemas de comercialización de libre mercado impiden la soberanía alimentaria y el desarrollo agrícola del país, dejando criminalización a los campesinos y pueblos indígenas que mantienen una lucha agraria.

Foto de portada: Wayne77/Wikipedia