- La brecha financiera y la falta de consensos sobre cómo y quién pagará la cuenta de la conservación asfixian la COP17 en sus horas finales.
- Los aportes para áreas protegidas caen por segundo año consecutivo y la resistencia corporativa frena el Fondo de Cali.
- Mientras defiende la biodiversidad en Armenia, Colombia flexibiliza la protección de la Amazonía en nombre de los minerales críticos.
Con la COP17 en su recta final en Ereván y el plenario final dilatado, la cumbre enfrenta su mayor prueba: pasar de la retórica a los hechos. El mandato exige evaluar y encauzar el rumbo de las metas 2030 y, sobre todo, dar certezas sobre cómo se financiarán. Sin embargo, las declaraciones de buena voluntad chocan con contradicciones flagrantes en casa y la carrera global por minerales críticos vuelve a situar a América Latina bajo la lupa del extractivismo.
Aunque la primera semana sumó compromisos por más de USD 1800 millones —incluidos 500 millones para especies amenazadas y aportes al Fondo del Marco Global—, el objetivo de USD 6000 millones anuales sigue fuera del alcance. Las próximas 48 horas definirán si existe voluntad política real o si la distancia entre la retórica diplomática y la emergencia ecológica terminará por consolidarse. El margen de maniobra se agota; el deterioro del planeta, no.
La ruta de Ereván
Con más de 140 ministros de Finanzas y Medio Ambiente en la mesa de negociación, cuatro nudos concentran las tensiones:
- Reforma de los subsidios nocivos (Meta 18): El objetivo a 2030 es recortar progresivamente USD 500.000 millones anuales en subsidios perjudiciales para la naturaleza —estimados en, al menos, USD 2 billones anuales— y reorientarlos hacia la conservación.
- Operatividad del Fondo de Cali: Creado para retribuir el uso comercial de secuencias genéticas digitales (DSI), apenas recaudó algo más de USD 10.000 aportados por cinco empresas, evidenciando la reticencia del sector privado.
- Autonomía del Sur Global: Los países en desarrollo reclaman un mecanismo de financiamiento permanente e independiente fuera del Fondo para el Medio Ambiente Mundial (FMAM).
- Ampliación de la base de donantes hacia economías emergentes: Un pedido en que insiste la Unión Europea no sólo aquí sino también en los foros sobre cambio climático.
Amigos incentivados
Al inicio de esta semana, la Presidencia armenia de la COP17 lanzó el “Llamado de Ereván sobre incentivos positivos para la biodiversidad” y presentó la coalición “Amigos de la Meta 18”. En palabras de Astrid Schomaker, secretaria ejecutiva del Convenio sobre la Diversidad Biológica, la reestructuración de incentivos económicos se ubica, hoy, en el centro del debate multilateral para cerrar la brecha de financiamiento ambiental.
A la baja
El dinero para la conservación arrastra una tendencia preocupante. Los fondos destinados a crear y gestionar áreas protegidas retrocedieron por segundo año consecutivo (de USD 1200 millones en 2023 a USD 1000 millones en 2025), ampliando la brecha frente a los USD 6000 millones anuales estipulados por el Marco Mundial de Biodiversidad Kunming-Montreal. La caída se registró tanto en la cooperación bilateral y multilateral como en la filantrópica. En el último caso, por ejemplo, fue un 24% inferior al promedio de los cuatro años anteriores.
Refuerzo
En medio de la sequía de aportes, hubo dos movimientos significativos:
- Nuevos compromisos por más de USD 500 millones elevaron la novena reposición del FMAM a cerca de USD 4400 millones, con aportes destacados de España, Uzbekistán y Reino Unido. Además, Berlín sentó un precedente al convertirse en la primera ciudad en donar de manera directa al Fondo del Marco Mundial de Biodiversidad (GBFF).
- Países Bajos comprometió USD 500 millones para el Tropical Forests Forever Facility (TFFF), el mecanismo nacido en la COP30 de Brasil que busca generar incentivos financieros permanentes para mantener los bosques tropicales en pie, integrando los esfuerzos de gobiernos, inversores, comunidades locales y pueblos indígenas.
¿Doble discurso?
Mientras anuncia la protección de su biodiversidad en Ereván; Colombia la deja sin protección en casa. Anteayer, la administración de Abelardo de la Espriella derogó la Resolución 961 que prohibía la megaminería y la explotación de hidrocarburos en la Amazonía, abriendo nuevamente la puerta a las concesiones extractivas en la selva. La medida coincide con un acuerdo bilateral con Estados Unidos para explorar y exportar minerales críticos, recursos muy demandados para la transición energética de las potencias. En sus redes sociales, la exministra Irene Vélez denunció que derogar el decreto no es un tema de “incertidumbre económica”, sino una maniobra para entregarle a Estados Unidos los minerales que necesita, sacrificando el territorio. “Si no reaccionamos, entregarán nuestra Amazonía al mejor postor”, advirtió. En tanto, organizaciones de la sociedad civil exigen que se restituya la resolución, y lanzaron una petición para sumar apoyos, que será presentada ante las autoridades.
Sin filtro
Panamá es uno de los contendientes a albergar la COP18, en dos años. Pero su ministro de Medio Ambiente, Juan Carlos Navarro, no se guardó nada ante la prensa. “La actitud de algunas delegaciones es como si el tiempo no existiera. Deberíamos regalarles relojes para que sean más conscientes”, ironizó. “Algunas partes no parecen darse cuenta del peligro en el que estamos. El mundo se va al infierno, literalmente, si miramos los incendios forestales”.
El funcionario defendió ampliar la base de donantes al financiamiento de la biodiversidad: “¿Me están diciendo que los petroestados ricos, que en muchos casos son más ricos que los donantes de la lista original, no deberían contribuir? ¿No les parece absurdo?”
Numeritos
De 104 estrategias y planes de acción nacionales sobre biodiversidad (NBSAP) analizados por Climate Focus y WWF,
- 92% incorpora prácticas de agricultura agroecológica.
- 22% contempla metas relativas a dietas sostenibles.
- 16% incluye estrategias para modificar la conducta del consumidor.
- 13% prevé reformas efectivas a subsidios con impacto ambiental adverso.
Dichos
“Hemos visto buenas iniciativas al margen de las negociaciones —como el grupo ‘Amigos de la Meta 18’ sobre subvenciones—, pero en la sala de negociaciones se está descartando el lenguaje relativo a la reforma de los incentivos perjudiciales y a la garantía de un enfoque basado en los derechos humanos. Reformar los incentivos perjudiciales para la naturaleza es esencial para que el mundo logre avances significativos en la transformación de los sectores económicos hacia un mundo positivo para la naturaleza. La financiación tiene un alcance muy limitado si, por otro lado, se sigue socavando ese apoyo.” Daudi Sumba, director de Conservación de WWF Internacional.
“El mecanismo multilateral y los principios de la ciencia abierta no deben convertirse en una nueva forma de biopiratería que permita el uso de la biodiversidad y los conocimientos tradicionales asociados sin respetar la autoridad y los derechos de las Partes, los pueblos indígenas y las comunidades locales. Para ello se requieren mecanismos sólidos de gobernanza de datos, en particular el consentimiento previo informado para la reutilización de la información de secuencias digitales y el acceso a través de cuentas de usuario registradas e identificables.” Profesor Gustavo Soldati, Universidad Federal de Juiz de Fora (Brasil).
