El Panel Intergubernamental de Expertos en Cambio Climático, concluyó en agosto del 2019 que reconocer los derechos de los pueblos indígenas, las comunidades locales y las mujeres dentro de esos grupos en todo el mundo es una solución climática escalable, y que, además, deben de ser reconocidos como actores clave para la creación de medidas a favor de la protección climática.
En ese sentido, destacaron que en el mundo el 76% de los bosques tropicales (unas 1,600 millones de hectáreas) están en manos de poblaciones indígenas y comunidades locales, por lo que su papel es clave para crear modelos de mitigación ante la emergencia climática que se vive actualmente.
En ese contexto, el panel, que se reunió durante el 36 Congreso Latinoamericano de Geografía, resaltó el modelo de concesiones forestales comunitarias, que se implementó en el norte de Petén, desde hace 20 años, un modelo que ha demostrado su importancia, «no solamente para los bosques de este país, sino para todo el planeta, en la búsqueda de establecer relaciones entre la sociedad y el medioambiente, en las que confluyen el bienestar social con la sustentabilidad ecológica», mencionaron en la declaración final del encuentro.
“El modelo forestal comunitario de Petén, implementado a partir de las concesiones forestales, es estudiado internacionalmente, con el objetivo de que otras comunidades lo puedan seguir y adaptar en sus contextos», mencionó Andrew Davies, investigador de la Fundación PRISMA.
El panel está integrado por más de 25 investigadores y científicos, integrantes de importantes entidades educativas y de investigación, en su mayoría de Estados Unidos.
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La declaración también hace un llamado al Gobierno de Guatemala, para que continúe con la ampliación de las 11 diferentes concesiones forestales comunitarias presentes en Petén. Cabe recordar que en diciembre pasado, el Consejo Nacional de Áreas Protegidas (CONAP), junto con el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de ese país centroamericano, anunciaron la ampliación, por 25 años más, de la concesión otorgada a la comunidad de Carmelita, ubicada en San Andrés Petén.
“Esto es un buen inicio, pero no es suficiente. Mientras no se avance en el proceso de prórroga de los contratos de concesión pendientes, (que vencerán en los próximos siete años), no existe certeza jurídica sobre la renovación de las mismas por parte del Gobierno de Guatemala», dijo Iliana Monterroso, investigadora del Centro Internacional para la Investigación Forestal (CIFOR). «El sistema de concesiones ha permitido a las comunidades implementar un arreglo de gobernanza del bosque que además de conservarlo, genera beneficios económicos y sociales«, agregó.
Los investigadores internacionales coincidieron en mencionar que, debido a la situación que vive el mundo en la actualidad, en la que se buscan modelos de conservación eficaces, que permitan la protección de los recursos naturales, a la vez que permitan la generación de ingresos para la población, es necesario que el Estado guatemalteco fortalezca el modelo comunitario, brindándole certeza jurídica en el corto y mediano plazo.
Cabe destacar que en el período entre 2012 y 2016, las empresas forestales comunitarias del norte de Petén lograron generar beneficios económicos de $24 millones, a partir de la explotación maderera sostenible, mientras mantuvieron las tasas de deforestación a un nivel del 0.1% anual, en algunas áreas concesionadas.