La llegada del COVID-19 ha llevado al mundo a dejar de lado, al menos mediaticamente, algunos de los problemas serios que nos afectan como especie: el cambio climático, la contaminación de los recursos naturales y las injusticias debido a la inequidad social y económica que se vive en el mundo, particularmente en Centroamérica.
Pero por más nuevas problemáticas que surjan en el horizonte, los centroamericanos, de los que más del 30% de los cerca de 44 millones de pobladores viven debajo del umbral de pobreza, van acumulando nuevos factores que dificulta su pleno desarrollo y desenvolvimiento social y económico. Es el caso del acceso al agua, uno de los recursos más esenciales para la vida.
A pesar de que una de las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud (OMS) para combatir al COVID-19 es lavarse las manos con jabón, la Organización de las Naciones Unidas (ONU) reconoce que 2 de 3 personas en el mundo carece de acceso a este vital recurso.
Eso significa que son unas 2.200 millones de personas viven sin acceso a agua potable. Además, más del 80% de las aguas residuales se vierten en los ríos o el mar sin ningún tratamiento.
El agua en Centroamérica
En Centroamérica, el 17% de la población, unos 7,8 millones de personas, no tiene acceso a agua potable y el 26%, cerca de 12 millones, vive sin saneamiento adecuado. Esto según el Programa de Agua y Saneamiento para Centroamérica del Banco Mundial (BM).
«Centroamérica necesita fortalecer su capacidad para manejar los recursos hídricos, revisar las tarifas e invertir más en nueva infraestructura para mejorar la calidad y garantizar el suministro de agua», advirtió Antonio Rodríguez, responsable regional del BM.
Según la Global Water Partership (GWP), a partir de la creación en 2013, del Foro Centroamericano y República Dominicana de Agua Potable y Saneamiento (FOCARD-APS), la región ha logrado algunos avances en cuanto a acceso y mejora en infraestructura. Sin embargo la deuda de los Estados aún es grande, ya que hay países, como Guatemala y Honduras, por ejemplo, en donde las poblaciones rurales e indígenas son las que más dificultad tienen para contar con el recurso hídrico.
En su informe Gestión de los recursos hídricos, GWP detalla que ante la falta de acción estatal y municipal, han sido las comunidades quienes se han organizado para atacar la problemática actual de acceso al agua. Este es el caso de Guatemala y El Salvador, países que no cuentan con una legislación específica relacionada con la distribución y tratamiento del agua.
[Not a valid template]El resto de países centroamericanos, cuentan con leyes e instituciones específicas que velan todo lo relacionado con el tema del agua.
En Nicaragua está la Ley Especial de Comités de Agua Potable y Saneamiento; Honduras la Ley General de Aguas; en Costa Rica cuentan con las llamadas ASADAS, a cargo del Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados y Panamá, donde el Ministerio de Ambiente (MiAmbiente) supervisa todo lo relacionado con el agua.
«El FOCARD-APS ha estimado en US$7,706 millones la inversión necesaria para mejorar la calidad de los servicios y así cumplir con el Derecho Humano al Agua y Saneamiento«, dice el informe.
Contaminación, pobre infraestructura y escasa cooperación
A pesar de superar el umbral sugerido por ONU en cuanto a la cantidad de agua disponible per capita, con unos 7,539 mm anuales, el problema es que en Guatemala el 82,8 % de las viviendas en el área rural no cuenta con drenajes, lo que muestra un deficiente manejo del agua, que se traduce en problemas de sanidad para las poblaciones.
En Honduras, por su parte el 70 % de la población tiene acceso al agua pero no toda es apta para el consumo. En Nicaragua y Costa Rica, la situación mejora considerablemente, pero no sin asuntos que resolver.
En Nicaragua, la cobertura de agua con fuentes mejoradas es del 91 % en el área urbana, y solo el 35 % de la población rural tiene acceso a agua potable. Costa Rica tiene un alto porcentaje de cobertura, con un 93,9 %, pero solo el 15% de las aguas residuales son saneadas.
Desde Guatemala hasta Panamá, existen 23 cuencas que los países comparten. De hecho, es más grande la cantidad de territorio que estas ocupan (90 mil Km2 ), que el territorio de cualquiera de los países de la región. Sin embargo, existe poca cooperación entre las naciones para un mejor manejo del agua, que mejoraría el acceso de parte de las comunidades.
Aunque pocos, existen algunos esfuerzos que se realizan, como el que se lleva a cabo, desde 2012 en el Río Sumpul, entre 22 comunidades de El Salvador y Honduras.
Héctor Serrano, especialista en Recursos Hídricos del Banco Mundial, mencionó que la región necesita aplicar iniciativas que regulen el recurso hídrico, así como fomentar el desarrollo de «infraestructura que permita tener una capacidad de almacenamiento en tiempos de sequía«. Esta infraestrctura permitiría, además, cumplir con los principios básicos de la prestación del servicio: calidad, cantidad, frecuencia y continuidad.
A todo esto se suma el problema de la contaminación. En toda la región, el 68.7% de las aguas residuales, son vertidas a cuerpos receptores (ríos y lagos) sin ningún tipo de tratamiento.
Pequeños pasos, grandes oportunidades
Entidades internacionales de inversión, como el Banco Mundial y el Banco Centroamericano de Integración Económica, así como organizaciones no gubernamentales y expertos en el tema coinciden en afirmar que el manejo de los recursos naturales de la región ha sido, cuanto menos, deficiente.
Sin embargo, cada país, con sus propias posibilidades, ha elaborado leyes y reglamentos para un manejo más equitativo del agua, aunque eso no aleja el fantasma de la intromisión del sector privado, algo que las comunidades indígenas y rurales batallan constantemente.
«El Banco Mundial aprendió que la privatización no es la solución, hay diferentes soluciones, y el contexto muchas veces marca la mejor opción», explicó el Rodríguez, quien apuesta por un «modelo municipal descentralizado» en la región, que tenga capacidad de «autofinanciarse».
Si los países logran encontrar mecanismos útiles transnacionales, podrán hacer frente a los retos comunes como:
- Superar la brecha de cobertura de agua y saneamiento entre área urbana y rural;
- Superar la brecha financiera para lograr cobertura universal de saneamiento;
- Superar la brecha financiera para la sustentabilidad económica y financiera, mediante el establecimiento de tarifas basadas en la eficiencia, la equidad, la simplicidad y la transparencia;
- Consolidar la institucionalidad nacional del subsector de agua y saneamiento, distinguiendo entre necesidades urbanas y rurales;
- Fortalecer la organización y capacitación de los proveedores en el área rural;
- Administrar los conflictos por el acceso a las fuentes de agua; y
- Establecer mecanismos e índices para medir la calidad de los servicios prestados.