Las regiones montañosas figuran entre los territorios más expuestos a los impactos del cambio climático. La combinación de pendientes pronunciadas, suelos inestables y ecosistemas frágiles incrementa el riesgo de deslizamientos de tierra, inundaciones repentinas y otros eventos extremos que pueden aislar a comunidades enteras y dejar fuera de servicio la infraestructura clave.
Ante este escenario, especialistas en gestión de riesgos y adaptación climática coinciden en la necesidad de fortalecer la infraestructura resiliente, con el objetivo de garantizar la continuidad de servicios esenciales como agua potable, energía, transporte y salud, incluso durante emergencias. Diversos análisis recientes, entre ellos publicaciones del Instituto de Medio Ambiente y Seguridad Humana de la Universidad de las Naciones Unidas (UNU-EHS), plantean un conjunto de estrategias que buscan responder a los desafíos específicos de las zonas de montaña.
Uno de los ejes centrales es la robustez estructural. El uso de materiales de alto rendimiento, como el hormigón reforzado, así como técnicas de estabilización de taludes, permite reducir la vulnerabilidad de carreteras, puentes y edificaciones frente a deslizamientos y erosión. A esto se suma la apuesta por sistemas descentralizados, como minirredes solares, que pueden mantener el suministro de energía cuando las redes centrales colapsan.
Otro componente clave es la integración del conocimiento indígena y local en el diseño de soluciones técnicas. Durante generaciones, comunidades de montaña han desarrollado prácticas como la construcción de terrazas agrícolas, el manejo de la vegetación y la siembra de especies de raíces profundas para estabilizar las laderas. Estas experiencias han demostrado ser complementarias de las soluciones de ingeniería modernas y forman parte de enfoques de Adaptación Basada en Ecosistemas, aplicados con resultados positivos en países como Afganistán, donde la restauración de especies nativas ha contribuido a reducir los riesgos de avalanchas y erosión.
La planificación también requiere evaluaciones de riesgo multiamenaza. En territorios montañosos, los peligros suelen interactuar entre sí, por lo que contar con diagnósticos actualizados sobre los cambios ambientales y climáticos resulta clave para decidir dónde y cómo construir infraestructura más segura.
Finalmente, los altos costos de estas intervenciones hacen indispensable la movilización de financiamiento innovador. Alianzas público-privadas y esquemas flexibles de financiación climática, como los aplicados en proyectos de gestión del agua en África, han demostrado que es posible avanzar hacia soluciones más equitativas y sostenibles.
Fortalecer la resiliencia en regiones montañosas no depende de una sola medida, sino de la acción colectiva. La coordinación entre gobiernos, comunidades, investigadores y actores internacionales se presenta como un factor decisivo para anticipar riesgos, responder con mayor rapidez y proteger tanto a las poblaciones como a los ecosistemas frente a un clima cada vez más incierto.