¿De qué se trata el Tratado de Alta Mar?

Historia por: Viatori Fotografía por: Jorge Rodriguez Jue 12, Jun 2025

El Tratado de Alta Mar, también conocido como Tratado BBNJ (por sus siglas en inglés: Biodiversity Beyond National Jurisdiction), es un acuerdo internacional adoptado por la ONU en 2023, después de 15 años de negociaciones, que busca proteger proteger las riquezas biológicas que existen más allá de las zonas económicas exclusivas (200 millas náuticas de costa), lo cual representa más del 60 % de los océanos y casi la mitad de la superficie marina del planeta.

El tratado establece un marco legal vinculante para crear áreas marinas protegidas (AMP) en aguas internacionales —contempladas en el objetivo 30 × 30 para proteger el 30 % del océano para 2030— y regular la explotación de recursos genéticos marinos, como microbios que podrían tener aplicaciones médicas, asegurando un “reparto justo y equitativo” de beneficios. 

Además, buscaría obligar evaluaciones de impacto ambiental antes de autorizar actividades con efectos no menores y transitorios, y fomentar la cooperación técnica y transferencia de tecnología, especialmente en países en desarrollo.

Hasta ahora, más del 60% del océano no cuenta con reglas claras para cuidar sus ecosistemas. Con este tratado, los países se comprometen a crear áreas marinas protegidas, regular actividades como la pesca, la minería en el fondo del mar y la investigación científica, y a repartir de forma justa los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos, como bacterias u organismos que podrían usarse en medicina o biotecnología.

Pero la iniciativa enfrenta retos que no son menores. Su jurisdicción es limitada, ya que algunos países como China podrían tener derecho al veto ante la creación de AMP’s que afecten sus intereses, por lo que la eficacia del tratado se vería debilitada. Por otro lado, los países en desarrollo temen quedar fuera de la distribución de los beneficios derivados de los recursos genéticos marinos si las industrias farmacéuticas dominan la explotación genética. Por ahora, el texto prevé que la COP establezca reglas de reparto justo y aporte financiero, pero faltan detalles.

Existen otras interrogantes importantes en cuanto a las AMP, ya que en los casos de zonas remotas y extensas, surge la udad de quién las supervisará.

Estados Unidos firmó el tratado en 2023 bajo el mandato de Joe Biden, pero parece poco probable que la administración de Donald Trump lo ratifique.

El mapa muestra los países que han ratificado el acuerdo, quienes solo lo firmaron y los que no han realizado ninguna acción. Imagen: High Seas Alliance

El drama en la UNOC

Para que el tratado entre en vigencia, se requiere que 60 países firmantes del acuerdo lo ratifiquen. Actualmente 50 países lo han hecho. En la Conferencia sobre los Oceános que se celebra en Niza, Francia, Perú ratificó el acuerdo, decisión que causó polémica en el seno del país, debido a que diferentes sectores rechazan esta acción de parte de la presidenta peruana Dina Boluarte.

Fuentes periodísticas que cubren la conferencia, aseguran que, a pesar del entusiasmo mostrado por el presidente francés Emmanuel Macron, es muy poco probable que el acuerdo se ratifique en lo que resta del encuentro internacional.

La importancia de su ratificación es que una vez sea un hecho, comenzará un período de 120 días en los que se deberá establecer estructuras de gobernanza y toma de decisiones, definir quién hace qué desde el punto de vista científico y técnico y proponer cómo compartir equitativamente la financiación y los recursos.

Luego de ese período, el BBNJ podrá crear áreas marinas protegidas en aguas internacionales, exigir evaluaciones de impacto ambiental para actividades como la minería en aguas profundas, regular los beneficios de los recursos genéticos marinos y ayudar a los países en desarrollo a obtener la tecnología y los conocimientos que necesitan.

En cuanto a otras temáticas que se desarrollan en la UNOC, el Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) duplicó su meta de inversión en economía azul, destinando $2 500 millones entre 2025 y 2030. Apunta a transporte marítimo bajo en carbono, restauración de ecosistemas, turismo sostenible y saneamiento costero.

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