Tierras comunales: el patrimonio colectivo que sostiene la vida y la biodiversidad en Guatemala
La colectividad es un principio vital, espiritual, histórico y político para los pueblos indígenas. Es el eje que sostiene su vínculo con el territorio, la naturaleza, el conocimiento y la comunidad. Lejos de ser una visión marginal, esta cosmovisión es compartida por más del 40 % de la población guatemalteca. Sin embargo, el marco legal del país no la reconoce plenamente, lo que genera impactos directos en áreas clave del desarrollo, en especial en la biodiversidad y la salud de los ecosistemas.
Para enfrentar este vacío, el Grupo Promotor de Tierras Comunales (GPTC) —una alianza de organizaciones indígenas, entidades de conservación, instituciones gubernamentales, académicas y no gubernamentales— organizó el III Congreso Nacional de Tierras Comunales. El evento buscó construir consensos y propuestas que fortalezcan la participación de pueblos indígenas y comunidades locales en la gestión de los recursos naturales y en las políticas de conservación.
Uno de los datos más relevantes fue recordado durante el congreso: en 2008, el GPTC lideró el primer y único Diagnóstico de la Conservación y Manejo de Recursos Naturales en Tierras Comunales, donde se identificaron 1,213 tierras comunales, que abarcan una superficie total de 1,577,129 hectáreas. Este dato fue respaldado por el Instituto de Estudios Agrarios y Rurales (IDEAR) de CONGCOOP, en su artículo Tierras Comunales y defensa territorial.
El servicio comunitario obligatorio es una práctica que algunos grupos Mayas en Guatemala realizan para proteger sus recursos naturales. Foto: Jorge Rodríguez/Viatori
¿Qué es una tierra comunal y por qué es importante?
Una tierra comunal es un territorio habitado, trabajado y protegido colectivamente por una comunidad durante generaciones. Su manejo no responde a la lógica de la propiedad individual, sino al principio del uso compartido: la toma de decisiones —sobre agricultura, bosques, agua, rituales o conservación— se realiza en asambleas, consejos o mediante autoridades tradicionales.
“Son reservorios de carbono, porque en ellas se encuentran bosques comunales clave para la mitigación del cambio climático”, explica Silvel Elías, miembro del GPTC.
Un ejemplo emblemático es el de Totonicapán, donde 20 mil hectáreas de bosque son administradas por los 48 Cantones. Cada comunidad cuenta con sus propias normas internas y autoridades tradicionales. Una figura fundamental es el K’axk’ol’, palabra mam que designa el servicio comunitario obligatorio que las personas deben asumir desde la mayoría de edad.
Otro caso de éxito es el de las comunidades forestales del norte de Petén, agrupadas en ACOFOP. A través del manejo comunal de la selva, han logrado combinar la conservación de los recursos naturales con el bienestar económico local.
Congreso de Guatemala. Foto: Red Ciudadana/Wikipedia
Vacíos legales, amenazas reales
El problema para fortalecer estos aportes es que aunque la Constitución guatemalteca (Artículo 67) reconoce las tierras comunales, y por ende su método de gestión, no existe una ley específica que regule su propiedad, registro o protección. “Ellos (los pueblos indígenas) resguardan un porcentaje muy alto de la biodiversidad del planeta en sus bosques. Es importante lo que aportan, no solo por los territorios que ellos manejan, que son significativos, cruciales y estratégicos, sino también, por todo ese conocimiento tradicional y espíritu colectivo que manifiestan. Son lecciones muy importantes para la política global, ambiental y de conservación”, dijo Estuardo Secaira, miembro fundador del GPTC.
Pese a su importancia ecológica, cultural y económica, las tierras comunales siguen sin una protección legal integral. El vacío legislativo permite que otros actores —como empresas agroindustriales o mineras— avancen sobre estos territorios sin respetar los derechos colectivos.
Además, la contaminación, la deforestación y los megaproyectos extractivos ponen en riesgo la integridad de estos ecosistemas y el modo de vida de sus habitantes.
También se abordó el papel de las mujeres en la defensa del territorio comunal. Las organizaciones del GPTC reconocen que ellas tienen un rol esencial en el cuidado del agua, las semillas, los saberes medicinales y la transmisión cultural, aunque persisten barreras machistas que las excluyen de las decisiones comunitarias.
“Sin la participación plena de las mujeres, no puede hablarse de una gestión realmente colectiva”, fue una de las conclusiones del congreso.
La Parcialidad Vásquez es otra comunidad de Totonicapán, con su propia junta directiva. La participación comunitaria se realiza bajo la figura del Kax’kol, palabra en K’iche’ que significa ‘servicio’. Cada habitante mayor de 18 años está obligado a prestar servicio no remunerado a la comunidad. Foto: Jorge Rodríguez/Viatori
Participación indígena en las decisiones climáticas
Otro de los temas discutidos fue la participación de los pueblos indígenas en las negociaciones climáticas globales, como las Conferencias de las Partes (COP), donde se decide el futuro del financiamiento climático, las responsabilidades globales y la distribución de recursos.
“Las decisiones internacionales van a afectar directamente lo que pasa en nuestros territorios. Por eso, los pueblos indígenas deben alzar su voz y exigir que se escuchen sus propuestas”, señaló Ramiro Batzin, miembro de la Mesa Indígena Climática.
El Acuerdo de París, firmado por Guatemala, ya reconoce el valor del conocimiento indígena en la lucha contra el cambio climático. Pero ese reconocimiento debe traducirse en políticas públicas concretas a nivel nacional.
Durante el congreso, una de las conclusiones que se obtuvieron fue que se debe dar a conocer más ampliamente el impacto de la participación de los pueblos indígenas en las resoluciones de las convenciones de las partes. Sobre todo, el impacto de dichas resoluciones en los cambios en políticas públicas.
“En este momento los pueblos indígenas deben alzar su voz para decir qué está pasando a nivel local. Hoy estamos discutiendo varios temas y uno de ellos es el tema territorial. Las acciones y las políticas que se están tomando a nivel global van a tener un impacto territorial”, añadió Batzin.
La declaratoria final del III Congreso Nacional de Tierras Comunales reafirmó la importancia de reconocer jurídicamente la tenencia colectiva de la tierra, fortalecer la gobernanza comunitaria y garantizar la participación efectiva de pueblos indígenas y comunidades locales en la toma de decisiones sobre sus territorios. Entre los compromisos destacados, se planteó la necesidad de rediseñar la institucionalidad estatal, asegurar el acceso a financiamiento climático y detener la criminalización de líderes comunitarios.
En un contexto marcado por la presión de industrias extractivas y el debilitamiento de los sistemas tradicionales de gestión del territorio, los participantes subrayaron que las tierras comunales cumplen un papel clave en la conservación de la biodiversidad, la seguridad hídrica y la mitigación del cambio climático. Para avanzar, señalaron, será necesario traducir estos principios en políticas públicas que reconozcan el valor colectivo de estos territorios y su aporte al bienestar común.